Por Nelson Rentería
SAN SALVADOR, 28 mar (Reuters) – Unas 500 personas marcharon el martes en San Salvador pidiendo la liberación de familiares que, aseguran, han sido encarcelados injustamente durante el estado de excepción promovido por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el argumento de combatir a violentas “maras”, y que esta semana cumplió un año.
Con pancartas en las que se leía “Libertad para mi hijo y mi hermano” y portando camisetas con leyendas “Defendemos inocentes no delincuentes”, mujeres, hombres e incluso niños llevaron su protesta por calles de la capital de El Salvador hasta las puertas del Congreso, en donde la policía había instalado una barricada para impedirles el paso.
“Yo estoy aquí por mi esposo porque está (capturado) injustamente”, dijo a Reuters María Ruiz, un ama de casa de 56 años, quien relató que su marido fue detenido en abril del año pasado por ochos policías embozados que llegaron a su casa, en el occidente del país, para llevárselo.
“Yo no estoy en contra de lo que él (Bukele) está haciendo”, dijo Ruiz. “Está haciendo bien, pero también es una injusticia porque (…) hay gente que no debe nada”, subrayó mientras sostenía en las manos un cartel solicitando al mandatario la liberación de su esposo.
Los manifestantes pidieron la derogación de estado de emergencia, que el Gobierno asegura ha ayudado a combatir la delincuencia y tiene encarcelado a 66,400 supuestos pandilleros, el 2% de la población, según datos oficiales.
Organismos de derechos humanos locales han denunciado un cúmulo de detenciones arbitrarias tras la puesta en marcha del estado de emergencia en marzo del 2022 y contabilizan unas 111 muertes de personas privadas de la libertad bajo custodia del Estado y unas 5,082 victimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos.
La controversial medida, que suspende garantías como la privacidad de las comunicaciones, garantías al debido proceso y la extensión del plazo de detenciones, es avalada por la mayoría de los salvadoreños ya que ha reducido los homicidios y los casos de extorsiones, según varias encuestas.
Rosa Ramos, un ama de casa de 43 años, pidió la liberación de sus hijos de 24 y 19 años, quienes fueron detenidos por soldados entre febrero y marzo de 2023 en el oriente del país.
Ramos sostiene que sus dos hijos son trabajadores y no tienen vínculos con pandillas y que el mayor de ellos trabajaba en mantenimiento de carreteras y el menor vendiendo refacciones para automóviles.
“Me duele porque ellos eran trabajadores. Pedimos justicia y que saquen a nuestros hijos”, expresó a Reuters, mientras alzaba un cartel con la fotografía de sus hijos.
En un reporte publicado el martes, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo que en el país se han detenido al menos 65,000 personas, incluidos niños, en el último año, y que las capturas parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas, en perfiles toscos de la apariencia física o el origen social de los detenidos.
(Reporte de Nelson Rentería, editado por Adriana Barrera)
