MADRID, 13 ene (Reuters) -España planea aumentar los impuestos sobre el alquiler vacacional para que paguen “como un negocio”, dijo el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras los residentes de las principales ciudades del país lidian con la subida de los alquileres.
“No es justo que quienes tienen tres, cuatro o cinco pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras”, dijo Sánchez en un acto sobre vivienda asequible celebrado en Madrid.
La medida se basaría en una nueva directiva de la Unión Europea sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para las plataformas digitales, dijo. Los hoteles españoles pagan ahora un tipo de IVA reducido del 10%, que se incluye en el proyecto de ley.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España, que lucha por encontrar un equilibrio entre la promoción del turismo, uno de los principales motores de su economía, y la preocupación por los elevados alquileres debidos a la gentrificación y al cambio de los propietarios a alquileres turísticos más lucrativos y a corto plazo, especialmente en zonas urbanas y costeras.
Sánchez también prometió medidas más duras para combatir el fraude en torno a este tipo de alquileres, sin entrar en detalles. El mes pasado, las autoridades abrieron una investigación a Airbnb por no eliminar de su plataforma miles de ofertas de alquiler engañosas.
Además, los propietarios de viviendas en zonas de rentas altas que mantengan sus alquileres en línea con un índice oficial de precios obtendrán una exención del 100% del impuesto sobre esos ingresos.
Sánchez dijo que el Gobierno promoverá la construcción de viviendas sociales y cederá 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a una agencia de vivienda pública de nueva creación.
Sin embargo, el Gobierno en minoría de Sánchez se enfrenta a una lucha constante para aprobar cualquier proyecto de ley en un Parlamento fragmentado.
Las propuestas del Partido Socialista en materia de vivienda han suscitado críticas tanto de la derecha, que las tacha de demasiado intervencionistas, como de sus aliados de la izquierda, que acusan a los socialistas centristas de ser demasiado dóciles con los propietarios abusivos.
“El deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles”, dijo Sánchez.
El año pasado, el Banco de España recomendó a las autoridades que intervinieran en el mercado del alquiler, ya que la elevada proporción —en comparación con otros países de la UE— de hogares que no dan abasto para pagar sus rentas podría provocar “efectos económicos y sociales adversos”.
Se han producido varias protestas en un contexto de creciente enfado de los ciudadanos, que se sienten excluidos del mercado español a medida que aumenta el alquiler en un país tradicionalmente formado por propietarios de viviendas.
(Información de Inti Landauro y Emma Pinedo; escrito por David Latona; edición de Charlie Devereux, Andrei Khalip y Bernadette Baum; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)
