Por Pietro Lombardi
MADRID, 14 ene (Reuters) – José María Cofreces es propietario de una pensión en el noroeste de Galicia, una de las regiones más pintorescas de España y uno de los principales atractivos turísticos.
También es una de las zonas más ventosas del país, lo que la ha convertido en un imán para las promotoras de gigantescos aerogeneradores que superan la altura de torres de 50 pisos.
Cofreces está a la vanguardia de la oposición en Galicia. En la misma línea que las tácticas de las comunidades rurales de toda Europa, los manifestantes han recurrido a los tribunales para bloquear planes que, según ellos, atentan contra su modo de vida y el medio ambiente.
“Parte de lo que aquí vendemos es el paisaje”, afirma. “Los parques eólicos para mí son tener todas las montañas perforadas, llenas de agujeros, (…) con infinidad de metros cúbicos de hormigón”.
El parque eólico que se alzaría sobre su propiedad constaría de 12 turbinas de 170 metros de altura, si se materializan las esperanzas de las promotoras.
Es uno de los 72 —con una capacidad total de unos 2 gigavatios (GW), sobre la base de más de 2.000 millones de euros (2.040 millones de dólares) en inversiones— que aprobó el gobierno regional. El máximo tribunal regional las paralizó, sobre todo en el último año, después de que la población local y grupos ecologistas presentaran cientos de demandas.
Los países europeos están sometidos a presiones para que apoyen los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en materia de energía verde, incluida una expansión significativa de la capacidad de energía eólica.
En Europa, España sólo está por detrás de Alemania en capacidad de generación de energía eólica, pero sus planes de duplicar la cantidad para finales de la década se han visto frenados por la oposición local, así como por los cuellos de botella en la concesión de licencias.
“Actualmente Galicia está paralizada completamente”, afirma Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica de España (AEE).
La región no instaló ni un solo megavatio (MW) de nueva capacidad eólica entre 2022 y 2023 y apenas 69 MW entre 2020 y 2023, según los últimos datos disponibles de AEE.
PATRIMONIO EN PELIGRO
Además de enfrentar a los manifestantes con los países, la oposición también está en desacuerdo con muchos residentes, según ha revelado una investigación.
Tres cuartas partes de los gallegos quieren más energía eólica, según una encuesta realizada en septiembre por la empresa gallega de estudios de mercado Sondaxe.
En el otro lado de la polémica, los manifestantes de toda Europa se han unido en movimientos organizados, como los de Galicia, donde han lanzado sofisticados desafíos legales, a menudo financiados por campañas de micromecenazgo, dicen analistas y conocedores de la industria.
Christoph Zipf, de la asociación sectorial WindEurope, afirma que los grupos conocen los puntos débiles del proceso de concesión de permisos, se centran en ellos y comparten sus experiencias.
De este modo, “aumentan las posibilidades de que se detengan estos proyectos”.
En las elecciones regionales celebradas en septiembre en Alemania Oriental, el partido de extrema derecha AfD hizo de la oposición a los proyectos de energías renovables uno de los ejes de su exitosa campaña.
En la isla italiana de Cerdeña, la oposición local a la energía eólica llevó a las autoridades a aprobar en septiembre una ley que, según las promotoras de energías renovables, dejó más del 90% del territorio de la isla fuera del alcance de sus proyectos.
De vuelta a Galicia, 243 demandas se han dirigido contra 90 de los 137 proyectos previstos con permiso, incluidos los 72 paralizados hasta ahora, según datos del gobierno regional. En total, los pleitos y recursos administrativos afectan a 98 proyectos eólicos.
Las impugnaciones afirman que la Xunta de Galicia —que concede permisos para proyectos de menos de 50 MW— no tuvo suficientemente en cuenta los riesgos medioambientales y no garantizó adecuadamente la participación pública en el proceso.
En 72 casos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó suspensiones cautelares por motivos de procedimiento o medioambientales. El gobierno regional ha recurrido ante el Tribunal Supremo de España.
El tribunal gallego también pidió en junio al Tribunal de Justicia Europeo que se pronunciara sobre si las leyes gallegas y españolas cumplen las normas de la UE sobre acceso a la información en el proceso de concesión de permisos.
Hasta que se dicte sentencia, cuyo calendario es incierto, las promotoras se mostrarán cautelosas a la hora de seguir adelante incluso con proyectos que no estén suspendidos, dijo Márquez.
Belén Rodríguez, de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), que ha bloqueado con éxito una veintena de proyectos, dijo que la oposición era producto de “una situación que nos sobrepasaba”.
“No nos quedó más remedio que acudir a los tribunales”, dijo, añadiendo que sus anteriores intentos de presentar alegaciones en el proceso administrativo fueron pasados por alto.
“INCERTIDUMBRE CRÍTICA”
Las promotoras de energías renovables, con miles de millones de euros en inversiones en juego, están bajo presión, en un momento en que los usuarios intensivos de energía, como el gigante estadounidense del aluminio Alcoa, buscan enormes volúmenes de energía limpia mediante contratos de suministro a largo plazo para garantizar precios competitivos y estables.
Algunos de los parques eólicos en el limbo jurídico deberían haber empezado a funcionar el año pasado, suministrando energía al complejo de Alcoa en la región, que emplea a cerca de 1.000 personas.
Álvaro Dorado Baselga, vicepresidente de energía de Alcoa, dijo a Reuters en una declaración enviada por correo electrónico que los precios competitivos y estables de la energía son esenciales para el negocio y describió los retrasos como una fuente de “incertidumbre crítica” que amenaza su viabilidad.
Un informe de Deloitte para el grupo de presión eólico local publicado en octubre de 2023 concluía que 32 proyectos industriales previstos en Galicia requerirían inversiones por valor de más de 6.000 millones de euros y crearían más de 7.000 empleos directos al año que dependen en gran medida del suministro de energía renovable barata.
Paula Uría, directora general de Energías Renovables de la Xunta, dijo que los 137 parques con permisos añadirían 3 GW de capacidad eólica.
AEE, el grupo eólico español, calcula que la adición de tal capacidad generaría unos 4.800 puestos de trabajo en cinco años.
“La situación (en Galicia) realmente es bastante difícil de entender”, dijo Uría, ya que el tribunal regional está bloqueando proyectos que, bajo las mismas normas, han seguido adelante en otros lugares de España.
A partir de este año, las promotoras podrán solicitar un nuevo procedimiento de aprobación más rápido para los parques afectados por litigios.
El Parlamento de Galicia también aprobó en diciembre una normativa que, según sus cálculos, podría conducir a la sustitución de 3.000 aerogeneradores anticuados por tan sólo 400 modernos, lo que reduciría el impacto paisajístico, aunque también ha exasperado al sector.
En un acto celebrado en Galicia en noviembre, Joaquín García-Boto, director de promoción de EDP España, resumió el estado de ánimo: poner trabas a las renovables en Galicia, dijo, “puede ser matar la gallina de los huevos de oro”.
(1 dólar = 0,9794 euros)
(Información de Pietro Lombardi y Elena Rodriguez; información adicional de Francesca Landini; edición de Barbara Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
