Por Dan Catchpole y Nate Raymond
SEATTLE, EEUU, 23 ene (Reuters) -Un juez federal de Seattle bloqueó el jueves la aplicación por parte del Gobierno del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de “descaradamente inconstitucional”.
El juez federal John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración aplicar la orden, que el presidente republicano firmó el lunes durante su primer día en el cargo.
En su decretó, Trump ordenó a las agencias estadounidenses que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ni su madre ni su padre son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
“Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que este decreto es constitucional”, dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la medida de Trump. “Simplemente me deja perplejo”.
Los estados -Washington, Arizona, Illinois y Oregón- argumentaron que la orden de Trump violaba el derecho consagrado en la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana.
“Es un decreto descaradamente inconstitucional”, dijo el juez.
El decreto ya es objeto de cinco demandas de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que la califican de violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.
Antes de que el abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate hubiese terminado de hablar, Coughenour dijo que había firmado una orden de restricción temporal solicitada por los fiscales generales demócratas de los estados.
Coughenour, designado por el expresidente republicano Ronald Reagan, emitió una orden de restricción temporal que bloqueó la aplicación de la orden de Trump en todo el país durante 14 días mientras sopesa si firma un mandato judicial preliminar.
Según la orden de Trump, los niños nacidos después del 19 de febrero cuyas madres o padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales serían deportados y no podrían obtener números de la Seguridad Social, varias prestaciones del Gobierno ni tendrían la posibilidad de trabajar cuando crezcan.
A más de 150.000 niños recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente si se permite que la orden de Trump se mantenga, según los estados liderados por los demócratas.
(Por Dean Catchpole y Nate Raymond. Editado en español por Juana Casas)
