Por Nate Raymond y Tim Reid
BOSTON, 12 feb (Reuters) – Un juez de Estados Unidos permitió el miércoles al Gobierno de Donald Trump seguir adelante con un programa de retiro voluntario para trabajadores federales que podría sacar a decenas de miles de trabajadores de las nóminas del gobierno como parte de un amplio esfuerzo para reducir la administración pública.
La decisión del juez de distrito George O’Toole en Boston podría despejar el camino para que el Gobierno de Trump concluya rápidamente el programa, después de que la demanda retrasó su fecha límite inicial del 6 de febrero para que los trabajadores aceptaran la oferta. La administración dijo que el programa ahora está cerrado a nuevos solicitantes.
“Ya no hay duda: el Programa de Renuncia Diferida era legal y una opción valiosa para los empleados federales”, dijo la Oficina de Administración de Personal (OPM, por su sigla en inglés) en un comunicado.
Los sindicatos que presentaron la demanda para detener el plan no dijeron de inmediato si apelarían la decisión del juez o buscarían otras opciones.
“La sentencia de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia de los funcionarios públicos. Pero no es el final de esa lucha”, dijo Everett Kelly, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 800.000 trabajadores federales.
El retiro voluntario es una de las muchas medidas que está adoptando Trump para recortar una plantilla civil de 2,3 millones de personas a la que ha tachado de ineficaz y parcial. También ha ordenado a las agencias gubernamentales que se preparen para recortes de empleo de gran alcance, y varias ya han comenzado a despedir a los recién contratados que carecen de plena seguridad laboral.
Según un funcionario de la Casa Blanca, hasta el viernes unos 65.000 empleados federales se habían apuntado a los retiros voluntarios.
Los sindicatos instaron a sus miembros a no aceptar la propuesta y han advertido de que no se puede confiar en que Trump la cumpla.
La propuesta promete pagar a los empleados sus salarios y prestaciones habituales hasta octubre sin exigirles que trabajen, pero eso podría no ser seguro. Las leyes de gasto actuales expiran el 14 de marzo y no hay garantía de que los salarios se financien más allá de ese momento.
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos habían descrito la iniciativa como una salida para aquellos frustrados por los planes más amplios de Trump de reducir el tamaño de la fuerza laboral y poner fin a la capacidad de muchos de trabajar desde casa.
Los sindicatos que representan a los empleados federales argumentaron en su demanda que el programa era “asombrosamente arbitrario” y viola una ley que impide a las agencias gastar más dinero del aprobado por el Congreso.
Pero O’Toole dictaminó que no estaban legitimados para presentar la demanda porque el programa no les afectaba directamente. Además, los litigios que afectan a empleados federales deben tramitarse primero por la vía administrativa antes de acudir a los tribunales, escribió en su decisión.
Los sindicatos y los fiscales generales demócratas han presentado otras demandas que desafían la rápida remodelación del gobierno de Trump y han obtenido algunas victorias iniciales.
En una demanda separada presentada el miércoles, cinco sindicatos demandaron para bloquear lo que llamaron un posible despido masivo de cientos de miles de trabajadores que se resisten a la presión para aceptar los retiros voluntarios.
(Reporte de Nate Raymond en Boston y Tim Reid, Steve Holland y David Shepardson en Washington; Escrito por Andy Sullivan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
