(Reenvía para aclarar párrafo 16)
By Por Kristina Cooke, Ted Hesson y Kevin Moffatt, Kevin Moffatt
ATLANTA/WASHINGTON/AURORA, EEUU, 14 feb (Reuters) -La migrante venezolana Yessenia y su marido Maikol se despertaron la semana pasada con fuertes pasos y golpes en su edificio de apartamentos de Aurora, Colorado.
“Policía, abra la puerta. Policía, abra la puerta”, escucharon.
Desde hacía días corrían rumores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos llegaría pronto para detener a inmigrantes en su edificio, que saltó a la palestra nacional después de que el entonces candidato presidencial Donald Trump lo describiera como controlado por miembros de bandas venezolanas, una afirmación que las autoridades municipales rebatieron.
A medida que se acercaban los golpes, la pareja se asustó. Sabían por las sesiones informativas sobre derechos civiles que el ICE necesita una orden judicial para entrar en los domicilios de las personas que no han sido invitadas a hacerlo.
Aun así, la pareja -que está tramitando una solicitud de asilo- entró en pánico y movió el sofá que había delante de la puerta. Un fotógrafo de Reuters estaba presente mientras permanecían en silencio en el salón y los agentes aporreaban la puerta y les exigían que la abrieran.
Unos minutos que parecieron horas después, los agentes se marcharon. Reuters no revela los apellidos de la pareja para proteger su identidad.
El republicano Trump puso en marcha una amplia ofensiva contra la inmigración tras asumir el cargo el 20 de enero, asignando recursos federales para localizar, detener y deportar a inmigrantes sin estatus legal.
Aunque el Gobierno ha destacado las detenciones de personas acusadas o condenadas por delitos, la agresiva aplicación de la ley también ha afectado a personas con delitos menores o sin antecedentes penales, cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses, e incluso a algunas personas con protección válida frente la deportación.
La intensificación de la aplicación de la ley ha desatado el miedo en las comunidades de inmigrantes de todo el país, y algunas personas evitan salidas innecesarias y dejan a sus hijos dentro, según las entrevistas con inmigrantes y defensores. Hospitales, escuelas y bibliotecas han adoptado nuevas políticas para limitar la cooperación con el ICE.
Entre las personas atrapadas en la red de represión está Riyer, un venezolano de 27 años detenido por el ICE en la zona de Atlanta. Riyer contenía las lágrimas mientras se preocupaba por cómo sobrevivirían sin él su pareja, de 22 años, y su hijo de 5 meses.
“No puedo sacarlos de mi cabeza, ellos solos”, dijo mientras estaba detenido en Atlanta, poco antes de ser trasladado al Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia.
Riyer, que está tramitando una solicitud de asilo, fue puesto bajo custodia del ICE tras un control de tráfico en el que la policía descubrió que conducía con el carnet suspendido.
Su pareja, Itaily, le estaba esperando para cenar cuando lo detuvieron, explicó. “Solo somos los tres aquí, y él era el que trabajaba para nosotros”, dijo mientras acunaba a su bebé. “Tengo mucho miedo de lo que pase”. El ICE no hizo comentarios sobre el caso de Riyer.
EL ICE AMPARA
La gran mayoría de las personas detenidas por el ICE son remitidas por la policía estatal y local o son personas que han cruzado la frontera recientemente. El Gobierno de Trump ha tomado medidas para que sea más fácil delegar la aplicación de la ley local para ayudar al esfuerzo de deportación.
También han recurrido a otras agencias federales de aplicación de la ley para ayudar con el trabajo de inmigración.
Reporteros de Reuters acompañaron al ICE cerca de Atlanta y Washington DC la semana pasada para ver las operaciones de primera mano. El ICE pidió a los reporteros que no se acercaran al lugar de los hechos hasta que el sospechoso estuviera asegurado ni fotografiaran los rostros de los agentes sin su permiso; no se impusieron más condiciones para informar.
En las primeras horas del 5 de febrero, una docena de agentes del ICE y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se reunieron en el estacionamiento de un centro comercial al sur de Atlanta. Los agentes, en varios automóviles sin matrícula, esperaron en el parque de caravanas en el que vivía su objetivo a que saliera para ir a trabajar.
Cuarenta y cinco minutos más tarde, su objetivo, un mexicano de 47 años con tres condenas en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol, abandonó su caravana. Se dirigió a una gasolinera cercana, donde fue rápidamente acorralado. Los agentes de la ATF encontraron un arma en su automóvil, que procesaron en el lugar de los hechos.
El hombre no quiso hacer comentarios. Posteriormente fue trasladado al centro de detención de Stewart. Reuters no pudo establecer su historial de inmigración ni si tenía representación legal.
El ICE intensificó las detenciones a finales de enero, arrestando a entre 800 y 1.200 personas al día en todo el país, mucho más que el promedio diario de 311 personas del año pasado.
La aplicación de la ley disminuyó en febrero a medida que el espacio de detención se redujo y los oficiales enviados a las ciudades objetivo regresaron a casa, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Las operaciones del ICE suelen comenzar con una lista de objetivos con antecedentes penales pero, desde que Trump llegó al poder, también están captando cada vez más “colaterales”, personas que encuentran sin estatus legal en la misma zona.
“Cualquier individuo que nos encontremos, vamos a revisarlo y luego lo pondremos bajo custodia”, dijo Nikita Baker, subdirectora de la oficina de campo del ICE en Maryland.
ATRAPADOS EN LA RED
El 26 de enero, Choe Blaiss Che acababa de regresar de su turno de domingo por la mañana como repartidor de comida cuando los agentes de inmigración se presentaron en su puerta en Arlington, Texas.
El camerunés, de 31 años, no estaba preocupado: tenía el Estatus de Protección Temporal (TPS), válido hasta junio, y no tenía antecedentes penales.
Pidió sus documentos para enseñárselos, pero los agentes metieron la mano por la puerta abierta y lo sacaron de su casa antes de que pudiera hacerlo, dijo. En virtud del TPS, las personas pueden vivir y trabajar en Estados Unidos durante un periodo determinado.
En la oficina de campo, un supervisor observó que su TPS era válido y le dijo que sería liberado, explicó. Pero mientras esperaba un taxi, otro funcionario le dijo que tenía que quedarse más tiempo para el proceso. No le dieron más detalles, dijo Che.
Che oyó por casualidad a un agente decir que necesitaban llegar al número de detenciones del día y que lo enviaran al centro de detención y que allí lo solucionaran, dijo en una entrevista.
El ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre la afirmación de Che.
El domingo en que Che fue detenido, la agencia envió un correo electrónico al personal en el que les decía que la Casa Blanca estaba “exigiendo” 1.200 detenciones, informó Reuters esa semana. Reuters no pudo establecer si la detención de Che estaba relacionada con esa directiva.
“Es atroz detener a alguien con un TPS válido”, dijo Michelle Méndez, directora de recursos legales y formación del Proyecto Nacional de Inmigración, que está prestando asistencia técnica en el caso. Según la legislación estadounidense, un inmigrante con TPS no puede ser detenido por encontrarse ilegalmente en el país.
Che fue liberado el 5 de febrero, tras 10 días en un centro de detención. El ICE no les comunicó a él ni a Reuters el motivo de su detención ni de su puesta en libertad. Su abogado, Eugene Delgado, dijo que planea demandar al ICE por daños y perjuicios.
Baker dijo que su oficina del ICE en Maryland estaba deteniendo a más inmigrantes con órdenes de deportación definitivas cuando se presentaban a los controles, un grupo al que Trump ha dado prioridad pero que puede tener antecedentes penales limpios, años de residencia y cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses.
Las órdenes definitivas de expulsión se emiten generalmente cuando los jueces fallan en contra de un inmigrante en su caso de deportación.
Tradicionalmente, el ICE ha permitido que algunas de estas personas permanezcan en libertad si tienen recursos limitados o proceden de países a los que no pueden ser deportadas fácilmente, siempre que asistan a los controles periódicos. Pero esas visitas, antes rutinarias, se han vuelto cada vez más tensas para los inmigrantes.
José, un salvadoreño que cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en 2016, tenía una orden final de expulsión después de que su solicitud de asilo fuera denegada, al igual que su hijo de 16 años.
José, que se negó a dar su apellido, recibió un mensaje de texto el 29 de enero diciéndole que se presentara en la oficina del ICE en Austin, Texas, con su hijo, el 4 de febrero.
Ambos fueron detenidos en el registro y deportados a El Salvador al día siguiente de madrugada. Su esposa y su hijo de 6 años, ciudadano estadounidense, permanecen en Texas.
El adolescente necesitaba una operación de mandíbula debido a una enfermedad tras un accidente de moto sufrido en la infancia y su abogado intentó solicitar un indulto de deportación de emergencia, pero dijo que el ICE rechazó la solicitud tres veces.
José, un ex policía que dijo haber recibido amenazas de muerte en El Salvador, nunca había sido acusado de un delito en Estados Unidos ni había faltado a una cita con el ICE, dijo el abogado.
El ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso de José.
Hablando desde la casa de su hermano en San Salvador, José sollozó mientras relataba cómo intentaba explicar la deportación a su hijo, que tiene pocos recuerdos de El Salvador.
Su hijo estaba desolado por haber sido separado de su madre y su hermano, y no entendía por qué el gobierno estadounidense no le dejaba terminar el bachillerato ni operarse.
“Dice, papi, para tener una varita mágica y solo ponernos allá”, cuenta José.
(Reportes de Kristina Cooke en Atlanta, Ted Hesson en Washington y Kevin Mohatt en Aurora; edición en español de Daniela Desantis)
