BOGOTÁ, 24 feb (Reuters) – La violencia de los grupos armados ilegales les permitió mantener el control territorial y social en varias zonas de Colombia durante 2024, con graves vulneraciones a los derechos humanos de la población civil y riesgos para la gobernabilidad, denunció el lunes la Organización de Naciones Unidas.
El país sudamericano enfrenta un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados, pese a los esfuerzos del presidente izquierdista Gustavo Petro para alcanzar una paz total que hasta el momento no han logrado ningún resultado concreto.
Grupos de guerrillas de izquierda y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal se enfrentan entre sí y con las Fuerzas Armadas del Estado por el control territorial y de la población en varias regiones del país.
“La presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y sus estrategias violentas de control social continúan impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios”, dijo el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica en los territorios (…) y promover la creación de nuevas organizaciones para defender sus intereses”, precisó.
El informe aseguró que a través del control social y territorial los grupos armados ilegales imponen normas y controles, que incluyen carnetización de la población e impartir “justicia” ante la ausencia estatal.
El año pasado se registró una disminución de algunos indicadores de violencia en Colombia como masacres, el desplazamiento forzado, los asesinatos de excombatientes de la guerrilla de las FARC y las víctimas de minas antipersonales, pero otros se incrementaron como el reclutamiento de niños y el confinamiento de poblaciones, según el informe.
En 2024 la oficina del alto comisionado verificó 89 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, una reducción desde los 105 del año previo, así como 216 casos de reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales desde los 134 en 2023.
“Para sembrar la paz en los territorios, fortalecer la gobernabilidad e impulsar la transformación territorial es necesario reforzar a las autoridades locales, indígenas y afrodescendientes y a las organizaciones de base que resisten a los actores armados”, recomendó el informe.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
