Por Nelson Bocanegra
CONDOTO, Colombia 24 feb (Reuters) – Más de un centenar de mujeres, niños y hombres se aglutinaron el fin de semana en un pequeño coliseo deportivo del caluroso municipio de Condoto, en el noroeste de Colombia, para pedir ayuda a una comisión del Gobierno nacional, durante el más reciente estallido de violencia en el país sudamericano.
La creciente presencia de minas antipersonas y el hostigamiento de guerrilleros y grupos criminales conformados por narcotraficantes y antiguos paramilitares en el departamento de Chocó se desató cuando el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso un paro armado entre el 18 y el 20 de febrero, limitando la movilidad de las personas.
Los pobladores y autoridades manifestaron el sábado que las restricciones persisten, dando como ejemplo la incineración de tres camiones por parte del ELN un día después del plazo establecido.
“Estamos cansados de esto, a nadie le duele lo que nos pasa, estamos a la deriva, sin comida”, dijo María, una mujer afrodescendiente de 38 años que huyó la semana pasada con sus dos pequeños hijos de su casa en una vereda del municipio de Istmina.
La situación se asemeja a la que sufre la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde el ELN desató en enero una cacería contra líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de las FARC acogidos a un acuerdo de paz, que causó el desplazamiento forzado de más de 52.000 personas y alrededor de 80 muertos.
Esa crisis llevó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a suspender los diálogos de paz con el ELN, declarar el estado de conmoción interior en la región y fijar impuestos temporales para atender la crisis humanitaria.
LA HUMILLACIÓN DE LAS ARMAS
“Es una tragedia permanente, viven completamente bajo la humillación de estos grupos armados”, dijo a Reuters Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, que repartió paquetes de ayuda con alimentos, medicamentos, carpas y colchonetas.
“El contador de víctimas sigue creciendo, llega un momento en que es casi imposible llegar a reparar a todos”, agregó a Solano, tras hacer un llamado a la comunidad internacional para aportar recursos.
El conflicto interno armado de casi seis décadas ha dejado más de 10 millones de víctimas civiles y casi medio millón de muertos.
El Gobierno acordó el despliegue de 186 soldados más en Chocó, que se suman a los 1.540 militares que permanecen en la zona.
El paro armado en Chocó ha dejado casi 4.000 personas desplazadas y más de 12.000 confinadas de manera forzada, dijo la Gobernación.
“Es angustiante ver dormir a las víctimas en los andenes. Es angustiante desescolarizar a los estudiantes para que las víctimas duerman en las escuelas sin colchonetas”, gritó a los funcionarios gubernamentales Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, el municipio con mayor recepción de desplazados.
En el caso de Chocó, el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las FARC se disputan el control territorial de la zona estratégica para el narcotráfico y la explotación ilegal de oro.
Como estrategia, las autoridades estiman que cerca del 80% del Chocó está sembrado con minas antipersonas, lo que impide que los campesinos accedan a sus parcelas, en un territorio en el que el 90% de la población habita en las zonas rurales.
La tragedia puede ser mayor, porque las autoridades y los pobladores admiten que muchas víctimas prefieren callar por miedo a represalias.
“Aquí hay asesinatos de jóvenes a diario, vemos bajar los muertos por el río”, dijo Martha Berrio, una líder comunitaria de la zona. “No nos dejen solos, los hijos que matan son los nuestros”.
(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
