BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) – Dos de las mayores entidades empresarias de Argentina rechazaron el decreto presidencial publicado el miércoles en el boletín oficial que designa a dos miembros de la Corte Suprema de la Nación y remarcaron que afecta la previsibilidad que tiene que mostrar el país para atraer nuevas inversiones.
El presidente libertario Javier Milei, que hasta ahora contó con amplio apoyo del sector empresario por su política de desregulación de la economía y de ajuste del gasto público para devolverle al país el superávit fiscal, nombró por decreto a dos jueces para el máximo tribunal, tras la demora de la Cámara de Senadores en tratar sus designaciones.
“La designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos (económicos) y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento”, dijo en un comunicado AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que nuclea a más de 700 empresas.
Según la Constitución, los jueces de la Corte Suprema son designados por el presidente de la nación con acuerdo de la Cámara de Senadores por dos tercios de sus miembros presentes.
“Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan, como nos ha ocurrido en el pasado último, la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país”, agregó AmCham.
En mayo Milei había enviado al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de la Nación, conformada actualmente por tres miembros. Sin embargo, dado que el Senado no llegó a tratar esos nombramientos, el Gobierno decidió designarlos temporariamente “con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país”.
Integrantes del peronismo, principal oposición al Gobierno, y algunos líderes del PRO, el partido de centroderecha que apoyó a Milei en su elección presidencial, se opusieron a la designación de los jueces por decreto.
En particular, cuestionaron la elección de Lijo, quien recibió impugnaciones de organizaciones profesionales por su actuación en causas sensibles políticamente y por no contar con las “condiciones morales y la idoneidad necesarias” para el cargo.
“Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país”, dijo el expresidente Mauricio Macri y líder del PRO.
El Gobierno insiste en que los jueces deben asumir el cargo antes del sábado, cuando se inauguran las sesiones de la Asamblea Legislativa pero, ante lo irregular de la situación, la Corte decidió tomarse una semana para decidir si toma juramento a Lijo, especialmente luego de que éste solicitara una licencia en su cargo de juez federal.
La designación en comisión implica que estarán en funciones hasta el 30 de noviembre de 2025, aún si el Senado rechaza sus designaciones, dijo una fuente de presidencia.
“Como representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones, tan necesarias para el desarrollo futuro del país”, dijo el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en un comunicado.
“Consideramos que la designación por decreto en comisión a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debilita la calidad de las instituciones que forman nuestro sistema de Gobierno y contradice los valores republicanos”, agregó IDEA.
(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi y Lucila Sigal)
