Por Lizbeth Diaz
CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) – El Gobierno mexicano eludió sus propios procesos legales de extradición para entregar a 29 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos, dijeron expertos, en medio de la presión por las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas, en un hecho sin precedente.
Una docena de abogados, entre ellos expertos en leyes de extradición y analistas de seguridad en México, dijeron a Reuters que la entrega de estos presos de alto perfil, algunos solicitados por Washington desde hace décadas, es un claro “salto” de cualquier barrera legal existente en materia de extradición nunca antes visto.
La naturaleza del envío de estos presos a territorio estadounidense también podría permitir que algunos de ellos enfrenten altas sanciones como la pena de muerte, un castigo que está prohibido en las leyes de extradición de México y en la nación latinoamericana.
“Fue una extradición política, sin duda, única en la historia de México”, dijo Raúl Benítez, experto en temas de seguridad y fuerzas armadas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La entrega “fast track” (vía rápida) fue una medida estratégica de México, afirmó Benítez, para evitar la aplicación del 25% de aranceles a los productos mexicanos, amenaza hecha por Trump y que entraría en vigor a partir del 4 de marzo al considerar que su principal socio comercial no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular a su país.
Autoridades mexicanas enviaron el jueves a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, incluido el emblemático capo de la droga Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar a un agente de la DEA en 1985, y dos exlíderes del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y su hermano Óscar Omar, el Z-42.
Expertos entrevistados por Reuters explicaron que la entrega masiva no puede ser considerada como una “extradición” porque se salió de los límites de los tratados internacionales en la materia y de las leyes existentes entre las dos naciones vecinas.
La ley mexicana impide la extradición si la persona ha buscado ser absuelta, indultada, amnistiada o ya ha cumplido una sentencia por el delito en cuestión.
El proceso, además, parece violar los procedimientos legales establecidos porque la extradición acelerada de una persona sólo puede ocurrir cuando hay una solicitud formal y fundamentada, lo que en muchos de estos casos no ocurrió, dijeron los abogados que hablaron con Reuters.
La ley mexicana también exige un acuerdo con el país de destino de que alguien que está siendo extraditado no enfrentará la pena de muerte. No obstante, no se proporcionaron tales garantías en este caso y, de hecho, funcionarios estadounidenses dejaron en claro que podrían solicitar el castigo para Caro Quintero y miembros de otros cárteles.
Juan Manuel Delgado, abogado mexicano que representa a los hermanos Treviño, dijo que está considerando presentar una apelación contra la entrega de sus clientes a Estados Unidos. “El traslado (…) se llevó a cabo fuera de todo procedimiento legal”, afirmó a Reuters.
La lista de los enviados a Estados Unidos incluye a miembros de grupos vinculados al tráfico del mortal opioide fentanilo, incluido el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “Los Chapitos”, un ala del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión estadounidense.
EN SUELO ESTADOUNIDENSE
Incluso si el acuerdo de entrega pareció eludir los procedimientos legales normales en México, algunos lo elogiaron como una oportunidad para mejorar la cooperación con Estados Unidos después de un período bajo el mandato del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el que los lazos con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses se habían desgastado.
Este proceso “se enmarca en un nuevo paradigma de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos”, dijo el abogado Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y experto en procesos de extradición en México.
“Lo que inició siendo un acuerdo trilateral de intercambio comercial (TMEC) evolucionará hacia un espacio común de protección de las víctimas, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia”, agregó.
Enviar a los presuntos criminales a Estados Unidos evitará, además, que se manipule el sistema legal mexicano para evadir la justicia, como ha ocurrido en muchos casos en el país latinoamericano, coincidieron la mayoría de los expertos.
También significa que no se podrá extorsionar, amenazar o cooptar a los jueces mexicanos para dictar una sentencia “a modo” sobre un proceso de extradición autorizado en México.
En una conferencia el viernes por la tarde, el fiscal mexicano, Alejandro Gertz defendió la legalidad del traslado de los 29 presuntos criminales y aseguró que tuvo un fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, además que fue un proceso en respuesta a una petición del gobierno de Trump.
Algunos expertos cuestionaron si la entrega será suficiente para Trump, quien ha etiquetado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y creen que el gobierno mexicano tendrá que ir también contra los políticos vinculados con el narcotráfico, una petición que también ha hecho Washington.
Hasta ahora, el presidente estadounidense no ha dado señales de que dará marcha atrás en la inminente fecha límite para la imposición de aranceles.
Ontiveros agregó que los esfuerzos de México por negociar otros puntos políticos con Estados Unidos probablemente se reflejarán en su ofensiva contra el narcotráfico.
“Este operativo demuestra que no sólo aumentarán las extradiciones a Estados Unidos, sino también los operativos conjuntos contra el crimen organizado”, añadió.
(Reporte de Lizbeth Díaz, Editado por Christian Plum, Cassandra Garrison y Raúl Cortes Fernández)
