Por Cassandra Garrison
ACAPULCO, México 6 mar (Reuters) – Empleados de un juzgado en Acapulco escucharon disparos cuando terminaban su jornada laboral. Hombres armados abrieron fuego contra el magistrado Edmundo Román, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado sureño Guerrero, donde se encuentra en emblemático puerto, asesinándolo instantáneamente cuando intentaba salir del estacionamiento.
El homicidio el 11 de diciembre ocurrió meses antes de que miles de candidatos compitan por puestos de jueces y magistrados federales, en una elección que marca un cambio radical en la forma en que México maneja su sistema judicial después de años de impunidad.
En un país que el año pasado sufrió las elecciones políticas más sangrientas de su historia moderna, la mayor exposición pública de quienes compiten por los puestos prestigiosos ha generado temores de que los candidatos sean blancos fáciles.
“Indudablemente que todos estamos en riesgo de que suframos un atentado”, dijo Ynocente Orduño, expresidente de la asociación de jueces de Guerrero, en una entrevista en su oficina en el juzgado donde fue asesinado Román.
Se espera que el puesto que dejó el magistrado esté en la boleta electoral en las elecciones judiciales locales del estado previstas para 2027.
Dos profesionales del sector legal de Acapulco que conocieron a Román y que hablaron con Reuters dijeron que muchos en la comunidad creen que el magistrado fue atacado directamente por su trabajo.
La Fiscalía de Guerrero y la Secretaría de Seguridad de México anunciaron al menos tres arrestos vinculados al caso, entre ellos el de una persona sospechosa de tener nexos con el crimen organizado, según medios locales.
Autoridades no han revelado el motivo del crimen y el fiscal declinó hacer comentarios.
Las elecciones del 1 de junio forman parte de una reforma aprobada el año pasado que reestructura el sistema judicial del país. Alrededor de 5,000 candidatos se disputarán en junio más de 840 puestos federales, incluidos magistrados de la Suprema Corte.
El mentor y predecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma era necesaria para erradicar la corrupción y servir mejor a los intereses de los ciudadanos comunes. Pero el cambio ha suscitado temores de que los jueces sean blanco de bandas criminales.
De cara a las elecciones de 2024, que Sheinbaum y su partido ganaron de forma aplastante, 37 candidatos fueron asesinados, algo que los observadores de derechos humanos vinculan en gran medida al crimen organizado.
Reuters habló con seis profesionales del área judicial, expertos en seguridad, políticos y académicos que cuestionaron cómo el Gobierno mantendrá seguras las elecciones.
México se enfrenta a una crisis presupuestaria y a una Guardia Nacional, una policía militarizada que depende de las fuerzas armadas, debilitada que se ha centrado en colaborar con las autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, en su frontera compartida.
“El estado mexicano está pasando por una crisis muy importante (…) no va a haber dinero para estas condiciones”, dijo José Ramón Cossío, investigador del Tec de Monterrey y exmagistrado de la Suprema Corte de México.
El organismo electoral autónomo de México, el INE, sirve como conducto entre los candidatos que denuncian amenazas y las autoridades, pero cualquier medida de protección recae en el gobierno federal, según Claudia Zavala, consejera electoral en la institución.
Una vocera de Sheinbaum reiteró el papel del INE en pedir protección para los candidatos y dijo: “Normalmente si hay una solicitud, se les asigna seguridad”. No obstante, no dio más detalles sobre un plan específico ni sobre recursos presupuestarios dedicados a la seguridad de los candidatos.
JUSTICIA POR PARTE DE LOS MÁS FUERTES
Orduño, un juez con casi tres décadas de experiencia, reconoció que sería financieramente difícil para el Gobierno proteger completamente a todos los candidatos, pero imploró a los funcionarios que tomaran el tema más en serio.
Al menos 22 profesionales judiciales locales, incluido Román, han sido asesinados en México desde 2012, según el grupo de expertos México Evalúa.
En la mayoría de los casos, las autoridades no hicieron públicos los motivos de los asesinatos, aunque México Evalúa encontró que al menos cuatro estaban relacionados con su trabajo.
Cuando Reuters visitó el juzgado en el barrio Las Playas de Acapulco en febrero, un policía estatal estaba afuera. En la puerta no había controles de seguridad ni cámaras de vigilancia. El público se movía libremente entre los pisos. Un auto abandonado con las ventanas rotas estaba estacionado afuera.
El estado Guerrero es una de las zonas más peligrosas del país. Un candidato a alcalde de la ciudad Coyuca de Benítez recibió un disparo a quemarropa en un mitin pocos días antes de las elecciones de 2024.
En octubre, el recién juramentado alcalde de la capital del estado, Chilpancingo, fue brutalmente asesinado y decapitado.
“Puedo prever un escenario en el que (los cárteles) apoyan a un candidato en particular y otro candidato del otro bando es igualmente popular. La amenaza de violencia o coerción es muy fuerte”, dijo Mike Ballard, director de inteligencia de la firma de seguridad internacional Global Guardian.
“Entonces terminas con una serie de jueces que están en los bolsillos de los cárteles, lo que no va a ser algo positivo para la justicia ni la democracia en México”, dijo Ballard.
Sheinbaum está tratando de controlar una crisis de seguridad que se agrava en el país, que ha registrado un promedio de 78 homicidios diarios desde que asumió el cargo en octubre, según la encuestadora TResearch.
Sin una protección real disponible, los cárteles podrían presionar a sus oponentes para que se retiren, agregó Cossío. “Si México se queda sin justicia, estás abriendo las puertas para que sea la justicia del más fuerte, o sea, la acción del más fuerte”, afirmó.
NO HAY SUFICIENTE POLICÍA
Ramiro Solorio, abogado y profesor de derecho que ha presentado tres candidaturas infructuosas para la alcaldía de Acapulco, conoce los riesgos. Cuando empezó a recibir amenazas de muerte antes de las elecciones del año pasado, Solorio las denunció y el INE activó un protocolo que provocó la protección de la Guardia Nacional.
“No va a haber policía suficiente que esté atrás de cada candidato”, dijo Solorio.
Señaló la seguridad de los funcionarios del Gobierno y cuestionó por qué debería ser diferente para los del poder judicial. “La gobernadora, la presidenta de la república (…) ellas tienen seguridad para sus familias”, dijo.
En una reciente visita a Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, estuvo escoltada por miembros de su equipo de seguridad mientras se preparaba para salir de una calle concurrida después de hablar con periodistas.
Consultada sobre la seguridad de los candidatos, Salgado dijo que la coordinación con la administración de Sheinbaum ha sido “perfecta”.
“Como siempre se va a seguir un protocolo que de seguridad que tenemos para cada elección, para garantizar que sean elecciones tranquilas”, comentó Salgado.
Luego su equipo la condujo hasta una camioneta y se fue.
(Reporte de Cassandra Garrison; editado por Christian Plumb, Claudia Parsons, Lizbeth Díaz y Raúl Cortés Fernández)
