Por John Kruzel
WASHINGTON, 21 mar (Reuters) – El arrollador despliegue de poder de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca está poniendo a prueba el sistema constitucional de controles y contrapesos de Estados Unidos, establecido en el siglo XVIII, con una escasa resistencia del Congreso, pero con mayor tensión con el poder judicial federal.
Con un Congreso controlado por los compañeros republicanos de Trump, que en gran medida se alinean con su agenda, los jueces federales a menudo se han convertido en la única restricción al torrente de decretos del presidente desde su toma de posesión en enero.
El grado de cumplimiento de su Gobierno de las órdenes judiciales que bloquean las acciones de Trump en materia de ayuda exterior, gasto federal, despido de trabajadores del Gobierno y deportaciones, llevadas a cabo en virtud de una ley de 1798 usada históricamente en tiempos de guerra, ha atraído el escrutinio de los jueces federales que presiden esos casos.
Esta semana, Trump respondió a la orden del juez de distrito James Boasberg, destinada a detener la rápida deportación de presuntos miembros de bandas venezolanas, pidiendo que el Congreso destituya al juez, un proceso que podría despojarlo del cargo. La declaración de Trump provocó una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Los fundadores de Estados Unidos establecieron un sistema de Gobierno en la Constitución con tres poderes en igualdad, un diseño destinado a que las ramas ejecutiva, legislativa y judicial sirvan de control unas de otras.
David Super, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo que Trump “claramente está haciendo un movimiento muy agresivo para expandir los poderes presidenciales a expensas de las otras dos ramas del gobierno”.
La remodelación del orden constitucional por parte del Gobierno de Trump “se está dando por etapas”, según la profesora de la Facultad de Derecho de la American University de Washington, Elizabeth Beske.
El Gobierno de Trump ha argumentado que es el poder judicial, y no el presidente, el que se está extralimitando. Trump instó el jueves a la Corte Suprema a limitar la capacidad de los jueces federales para decidir mandatos judiciales que bloqueen las acciones de su administración en todo el país.
“DETENGAN YA LAS MEDIDAS CAUTELARES A NIVEL NACIONAL, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump en redes sociales. “Si el juez Roberts y la Corte Suprema de los Estados Unidos no solucionan INMEDIATAMENTE esta situación tóxica y sin precedentes, ¡nuestro país estará en serios problemas!”.
TEORÍA DEL EJECUTIVO ÚNICO
Trump también pretende debilitar los controles dentro del poder ejecutivo, según expertos jurídicos, incluso despidiendo a inspectores generales y a jefes de varios organismos diseñados por el Congreso para ser en parte independientes del control directo del presidente.
Algunas de las afirmaciones de poder de Trump están en consonancia con lo que se denomina la teoría del “ejecutivo unitario”.
Este punto de vista jurídico conservador considera que el presidente posee una amplia autoridad sobre el poder ejecutivo, pese a que el Congreso ha tratado de imponer límites, como proteger a los jefes de los organismos independientes para que no sean despedidos sin causa justificada.
John Yoo, defensor del ejecutivo unitario, dijo que Trump está tratando de devolver el poder presidencial a las dimensiones que existían antes de las reformas promulgadas por los legisladores estadounidenses tras el escándalo político de Watergate, que provocó la dimisión del presidente republicano Richard Nixon en 1974.
Las reformas, dijo Yoo, aumentaron el poder del Congreso a expensas de la autoridad presidencial.
“Podemos entender muchas de las acciones de Trump como intentos de deshacer las reformas de Watergate y restaurar el control presidencial total sobre el poder ejecutivo”, dijo Yoo, que fue abogado del Departamento de Justicia bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush y ahora es profesor en la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California.
Aun así, Trump enfrenta pocos obstáculos en el Congreso.
Según Benjamin Schneer, profesor de Política Pública en la Harvard Kennedy School, esto sigue en gran medida una tendencia de décadas en Estados Unidos de alejarse de la “separación de poderes”, tal como se prevé en la Constitución, hacia la “separación de partidos”, en medio de una creciente desconfianza entre los dos principales partidos políticos estadounidenses.
Esa dinámica se ha amplificado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ya que el Congreso ha renunciado en gran medida a su papel de control significativo del ejecutivo, dijo Schneer, y añadió: “Este mundo en el que estamos ahora es nuevo”.
“El Congreso no parece estar particularmente interesado en frenar los poderes del ejecutivo, por lo que se han presentado demandas que cuestionan el uso de esta autoridad por parte del presidente”, dijo Thomas Griffith, un exjuez del tribunal federal de apelaciones nombrado por Bush.
La autoridad de Trump para destituir a funcionarios del poder ejecutivo ha sido impugnada en los tribunales tras los despidos en la Junta de Protección de Sistemas de Méritos, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, las oficinas de los inspectores generales y otros organismos.
Trump obtuvo una victoria legal en este frente cuando un tribunal federal de apelaciones le permitió despedir a Hampton Dellinger como jefe de la agencia de control de la Oficina del Asesor Jurídico Especial de Estados Unidos. El tribunal concluyó que Dellinger ejercía un poder ejecutivo significativo que lo hacía removible a voluntad.
SENTENCIAS CONTRA TRUMP
Más de 100 demandas que impugnan las medidas de Trump y de su Gobierno están siendo tramitadas en los tribunales federales.
Hasta ahora, los jueces han dictado decenas de sentencias, muchos de ellos nombrados por presidentes demócratas, para impedir acciones como la de Trump de restringir la ciudadanía automática por nacimiento, congelar la financiación federal, destituir a varios funcionarios del Gobierno y prohibir a los transexuales en el Ejército.
Algunos expertos han afirmado que el Gobierno está mostrando una resistencia a las órdenes judiciales que no se ha visto en administraciones recientes.
“No se puede insistir lo suficiente en esto: hasta ahora, en los tiempos modernos, no hemos tenido que preguntarnos si una administración presidencial cumpliría una orden judicial”, dijo Marin Levy, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, que estudia el poder judicial federal.
Los funcionarios del Gobierno y los abogados del Departamento de Justicia han negado las acusaciones de incumplimiento.
Cuando se le preguntó durante una entrevista en Fox News si desafiaría una orden judicial, Trump dijo: “No, no se puede hacer eso”.
“Sin embargo, tenemos malos jueces”, añadió Trump. “Tenemos muy malos jueces. Estos son jueces que no deberían de permitirse. Creo que en cierto punto, hay que ver qué hacer cuando se tiene un juez deshonesto”.
Los aliados de Trump en la Cámara de Representantes han intentado seguir adelante con la destitución de los jueces que fallaron en su contra.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre los fundamentos jurídicos de ninguna de las impugnaciones de las medidas de Trump en su segundo mandato, lo que significa que sigue sin estar claro hasta qué punto podría actuar para controlar la autoridad del presidente.
La Corte Suprema, cuya mayoría conservadora de 6-3 incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato, está considerando actualmente una solicitud del 13 de marzo para que intervenga en su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
El juez de distrito John Coughenour calificó el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento de “manifiestamente inconstitucional” y expresó su alarma por las acciones del presidente.
“Hay momentos en la historia del mundo en los que la gente mira hacia atrás y se pregunta: ‘¿Dónde estaban los abogados, dónde estaban los jueces?'”, dijo Coughenour en una audiencia el 6 de febrero. “En estos momentos, el estado de derecho se vuelve especialmente vulnerable. Me niego a dejar que ese faro se apague hoy”.
(Reporte de John Kruzel; con contribución de Richard Cowan, Bo Erickson, Nate Raymond y Tom Hals. Edición en español de Javier López de Lérida)
