PEKÍN, 24 mar (Reuters) -El primer ministro de China, Li Qiang, ha firmado una orden para implementar nuevas reglas que fortalezcan las contramedidas de China a las sanciones extranjeras, dijo el lunes el Gobierno chino.
Las normas se refieren a la aplicación de la ley china contra las sanciones extranjeras, que se aprobó en 2021. La ley establece que las personas o entidades implicadas en la elaboración o aplicación de medidas discriminatorias contra ciudadanos o entidades chinas podrían ser incluidas en una lista de sanciones por parte del Gobierno chino.
A las personas que figuren en la lista se les puede denegar la entrada a China o expulsarlas del país. Sus activos en China pueden ser embargados o congelados y se les puede restringir la posibilidad de hacer negocios con entidades o personas dentro de China.
Las nuevas regulaciones detallan los sectores a los que se puede restringir el acceso a personas y organizaciones extranjeras. Entre ellos se incluyen la educación, la ciencia y la tecnología, los servicios jurídicos, la protección del medio ambiente, la economía y el comercio, la cultura, el turismo, la salud y los deportes.
Las regulaciones también establecen qué medidas puede tomar el Estado chino para hacer cumplir las contramedidas, como prohibir o restringir a individuos y organizaciones la importación y exportación de bienes y tecnologías relacionados.
En los últimos años, China ha tenido que hacer frente a las restricciones comerciales y de inversión de los principales mercados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles adicionales del 20% a los productos chinos desde febrero y podría aumentar esta cifra a principios de abril.
En respuesta, China ha impuesto aranceles compensatorios, ha restringido las exportaciones de ciertos recursos, como las tierras raras, y ha iniciado investigaciones sobre empresas extranjeras.
La ley de sanciones contra extranjeros es otra herramienta que China puede utilizar para hacer frente a los países extranjeros que infringen lo que considera su derecho al desarrollo.
(Información de la redacción de Pekín; edición de Ed Osmond; edición en español de Natalia Ramos y Jorge Ollero Castela)
