Por Luc Cohen
25 mar – La administración del presidente Donald Trump se enfrenta el martes a un plazo para explicar a un juez por qué sus vuelos de deportación con migrantes venezolanos no violaron una orden judicial para detener dichas expulsiones, un día después de que argumentara que cualquier divulgación de más detalles pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
El juez de distrito James Boasberg, con sede en Washington, ordenó la semana pasada a los abogados del Departamento de Justicia que le dieran una justificación por la que el Gobierno no había devuelto dos aviones que llevaban presuntos miembros de bandas venezolanas deportados a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de su orden de bloquear dichas expulsiones durante dos semanas.
La administración ha dicho que los vuelos se llevaron a cabo en virtud de una ley del siglo XVIII poco utilizada.
Boasberg también ha pedido más detalles sobre el momento de los vuelos y cuántos venezolanos iban a bordo para ayudarle a determinar si se violó su orden.
El juez dio a la administración la opción de invocar el privilegio de los secretos de Estado, una doctrina que limita la divulgación de información sensible en litigios civiles, y justificar su decisión de hacerlo.
En los documentos judiciales presentados a última hora del lunes, el Departamento de Justicia dijo que invocaría el privilegio, escribiendo que la investigación de Boasberg era una extralimitación judicial que infringía la autoridad del poder ejecutivo sobre asuntos diplomáticos y de seguridad nacional.
“La divulgación de esta información podría causar un daño significativo a los intereses de las relaciones exteriores de Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración presentada ante el juez.
Tras la fecha límite del martes para la explicación de la administración, los abogados de los migrantes venezolanos que interpusieron el recurso legal contra las deportaciones tendrán hasta el 31 de marzo para responder. Boasberg ha advertido de las posibles consecuencias si concluye que el Gobierno violó su orden, pero no ha especificado cuáles serían.
El caso se ha revelado como una importante prueba de la fuerte arremetida del poder ejecutivo del presidente republicano. Con su partido manteniendo la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y alineándose en gran medida detrás de la agenda del mandatario, los jueces federales a menudo han surgido como la única restricción a la ola de acciones ejecutivas de Trump.
Después de que Boasberg detuviera temporalmente las deportaciones, Trump pidió la salida del juez en un proceso que podría llevar a su destitución. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió un comunicado en el que reprendía a Trump y afirmaba que las apelaciones, y no la destitución, son la respuesta adecuada a los desacuerdos con las decisiones judiciales.
LOS NAZIS RECIBIERON MEJOR TRATO
Trump invocó este mes la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua sin órdenes de expulsión definitivas de jueces de inmigración, como suele ser necesario.
Boasberg detuvo temporalmente esas expulsiones porque dijo que no estaba claro que la presencia de la banda en Estados Unidos constituyera un acto de guerra por parte de una nación extranjera, tal como se describe en la ley.
La Ley de Enemigos Extranjeros se había utilizado anteriormente tres veces en la historia de Estados Unidos, la última para internar y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.
Los familiares de muchos de los inmigrantes venezolanos deportados niegan los supuestos vínculos con las bandas. Los abogados de uno de los deportados, un futbolista profesional y entrenador juvenil venezolano, afirmaron que las autoridades estadounidenses lo habían etiquetado erróneamente como miembro de una banda por un tatuaje de una corona que hacía referencia a su equipo favorito, el Real Madrid.
El lunes se celebró una vista ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia sobre el intento del Gobierno de detener la aplicación de la orden de Boasberg. En la polémica vista, la jueza Patricia Millett declaró que los venezolanos deportados no gozaban de las debidas garantías procesales para impugnar la afirmación de la administración de que eran miembros del Tren de Aragua.
“Los nazis recibieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de lo que ha ocurrido aquí”, dijo Millett, a lo que el abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign respondió: “Ciertamente disputamos la analogía nazi”.
El panel del Circuito de Washington no indicó cuándo se pronunciaría.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)
