Por Nate Raymond
2 abr (Reuters) – Una jueza federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump que restablezca temporalmente la financiación de los programas que prestan servicios legales a los niños no acompañados en procedimientos de inmigración.
La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín en San Francisco emitió a última hora del martes una orden de restricción temporal que bloquea al Gobierno la posibilidad de cortar los fondos que los defensores dijeron que eran cruciales para garantizar que 26.000 niños pudieran mantener a sus abogados.
“El mantenimiento de la financiación de los servicios de representación legal directa favorece los intereses públicos fundamentales de garantizar que los niños tengan acceso a representación legal y protección contra la trata de seres humanos”, escribió Martínez-Olguín.
El Gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La cancelación de la financiación se produjo en medio de la campaña del presidente republicano para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense.
Los proveedores de servicios jurídicos sin ánimo de lucro que habían recibido anteriormente financiación para su trabajo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos presentaron una demanda la semana pasada después de que el Gobierno decidiera detener la financiación.
Martínez-Olguín, designada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, señaló en su decisión que el Congreso ha asignado constantemente fondos para representar a los niños en los procedimientos de inmigración, proporcionando más de 5.000 millones de dólares para ese fin en el año fiscal 2024.
Dijo que las organizaciones sin fines de lucro “plantean serias dudas” sobre si las acciones del Gobierno violaron sus obligaciones en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico William Wilberforce de 2008.
Dicha ley exige al gobierno que garantice que todos los menores no acompañados reciban asistencia letrada que les represente en los procedimientos judiciales y les proteja de los malos tratos, la explotación y la trata.
(Reporte de Nate Raymond en Boston; Editado en español por Javier Leira)
