7 abr (Reuters) -La Corte Suprema de Estados Unidos detuvo temporalmente el lunes la orden de una jueza que exige a la administración del presidente Donald Trump que devuelva antes del final del día a un salvadoreño que el Gobierno estadounidense ha reconocido que fue deportado por error a El Salvador.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, actuando en nombre de la corte, puso en pausa una orden de la jueza de distrito Paula Xinis para que la administración devuelva a Kilmar Ábrego García antes del final de la jornada, en respuesta a una demanda presentada por el hombre y su familia desafiando la legalidad de su deportación.
La acción del tribunal, denominada suspensión administrativa, da a los jueces más tiempo para considerar la petición más formal del Gobierno de bloquear la orden de la jueza mientras continúa el litigio en el caso.
Más temprano, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), había denegado la petición gubernamental de paralizar la orden de la jueza.
Xinis consideró que el Gobierno carecía de autoridad legal para detener y deportar a Ábrego, un migrante salvadoreño que vivía legalmente en Maryland con un permiso de trabajo, y ordenó su devolución antes de la medianoche del lunes.
Fue deportado el 15 de marzo en uno de tres vuelos muy publicitados de deportación a El Salvador que también incluían a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas.
En su presentación ante el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) declaró que, aunque Ábrego fue expulsado a El Salvador por un “error administrativo”, su expulsión real de Estados Unidos “no fue un error”.
El fallo, escribieron los abogados del DOJ, fue al removerlo específicamente a El Salvador a pesar de una orden de protección de deportación que recibió en 2019.
Agregaron que Ábrego, como presunto miembro de la pandilla criminal MS-13, ya no es elegible para esa protección. La administración de Trump ha designado a la MS-13 como una organización terrorista extranjera.
No hay cargos pendientes contra el deportado, que está casado con una ciudadana estadounidense con la que está criando a un hijo ciudadano estadounidense, además de los dos hijos de su esposa de una relación anterior. Los abogados de Ábrego han negado la acusación de que forme parte de una banda.
El inmigrante recibió una sentencia de 2019 en Estados Unidos que le otorgaba protección contra la deportación a El Salvador, después de que un juez de inmigración determinó que se enfrentaría a la persecución de las pandillas en su país de origen si regresaba.
Xinis determinó que aquella orden que prohibía su expulsión a El Salvador seguía vigente. En la decisión escrita de la jueza emitida el domingo, la magistrada escribió: “no había fundamento legal alguno para su arresto, detención o expulsión”. Además, calificó el traslado de Ábrego de “totalmente ilegal”.
El DOJ, en su presentación ante el Tribunal Supremo, afirmó que la orden de la jueza equivalía a una extralimitación judicial.
“Estados Unidos no puede garantizar de antemano el éxito en negociaciones internacionales delicadas, y menos cuando un tribunal impone un plazo obligatorio absurdamente comprimido que complica enormemente el toma y daca de las negociaciones de relaciones exteriores”, escribieron sus abogados.
Añadieron que el país norteamericano “no controla la nación soberana de El Salvador, ni puede obligar a El Salvador a seguir las órdenes de un juez federal”.
EN EXCEDENCIA
Además de pedir al Tribunal Supremo que intervenga, el DOJ puso en excedencia a Erez Reuveni, el subdirector en funciones de la Oficina de Litigios de Inmigración que llevó el caso, y a su supervisor, August “Auggie” Flentje.
La decisión de suspender a Flentje, un veterano del departamento con 20 años de experiencia, ha conmocionado al personal de carrera de la institución.
Durante la primera administración Trump, a menudo aceptó asumir casos que incomodaban a otros abogados del departamento y defendió la prohibición de viajar del presidente dirigida a personas de siete países de mayoría musulmana en televisión en directo.
También firmó un escrito legal diciendo que la Ley de Cuidado de Salud Asequible firmada por Barack Obama era totalmente inconstitucional.
Flentje y Reuveni son los dos últimos empleados de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil que han sido apartados. Antes, los funcionarios de Trump intentaron reasignar a su líder David McConnell, lo que provocó que el funcionario abandonara el departamento.
El Gobierno deportó el 15 de marzo a más de 200 personas a El Salvador, donde están detenidas en la enorme prisión antiterrorista del país bajo un acuerdo en el que Estados Unidos está pagando al Gobierno del presidente Nayib Bukele 6 millones de dólares.
La administración Trump se ha enfrentado a críticas en los tribunales estadounidenses y en otros lugares por su intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración. Un juez en Washington está sopesando si el Gobierno violó una orden judicial de no deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas.
Ábrego fue detenido por agentes del ICE el 12 de marzo e interrogado sobre su presunta pertenencia a una banda.
Había cumplido plenamente todas las directrices de los funcionarios de inmigración, incluidos los controles anuales, y nunca había sido acusado ni condenado por ningún delito, escribió la jueza. Ha estado detenido en El Salvador en lo que la magistrada definió como “una de las prisiones más peligrosas del hemisferio occidental”.
(Reporte de John Kruzel en Washington y Tom Hals en Wilmington, Delaware; Editado en español por Carlos Serrano y Raúl Cortés Fernández)
