CARACAS, 21 abr (Reuters) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso el domingo un acuerdo para enviar a Venezuela a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país, a cambio de liberar a detenidos en la nación sudamericana, una sugerencia rotundamente rechazada por el Gobierno venezolano.
Abogados y familiares de los venezolanos detenidos en El Salvador afirman que no son pandilleros y que no gozaron del debido proceso. El sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió temporalmente al administración del presidente Donald Trump seguir con la deportación de otro grupo similar.
Aunque Bukele tildó a personas mencionadas en su post en X como presos políticos, el Gobierno venezolano siempre ha negado que detiene personas por razones políticas y argumenta, usualmente sin detallar o entregar pruebas, que activistas y miembros de la oposición están planeando ataques en contra del país y del presidente Nicolás Maduro.
Grupos de defensa de derechos humanos y abogados han negado los cargos contra las personas mencionadas por Bukele y también denuncian que carecen de defensa privada, visitas familiares y que sufren retrasos en sus audiencias judiciales.
Entre los mencionados están por Bukele se encuentran:
Rafael Tudares
Tudares, 45 años, es el yerno de Edmundo González, el antes candidato presidencial de la oposición quien esta considerado como el ganador de la elección de 2024 por Estados Unidos y otros países. El abogado Tudares, quien no hacía política partidista, fue detenido el 7 de enero en Caracas por hombres enmascarados cuando se trasladaba con sus dos hijos pequeños en auto para llevarlos temprano al colegio.
Roland Carreño
Carreño es un periodista y miembro del partido de oposición Voluntad Popular. Fue detenido en agosto del 2024 en Caracas por agentes del servicio de inteligencia, de acuerdo con el grupo político. Carreño, de 59 años, anteriormente había estado detenido por tres años bajo acusaciones de financiamiento al terrorismo, entre otros, y fue excarcelado en octubre del 2023 en medio de una negociación entre Caracas y Washington.
Rocío San Miguel
Abogada y activista de 58 años, experta en temas de seguridad, defensa y derechos humanos, San Miguel preside la organización no gubernamental Control Ciudadano. Fue detenida en el aeropuerto internacional cercano a Caracas en febrero del 2024, cuando salía de viaje con su hija. La Fiscalía la acusó de ejercer labores de espionaje, entre otros delitos.
Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González
El grupo de cinco dirigentes políticos, quienes eran miembros del equipo de campaña de la dirigente opositora María Corina Machado para los comicios presidenciales de 2024, no están detenidos, pero han estado viviendo en la residencia diplomática de Argentina por más de un año.
El grupo entró como huésped a la residencia luego que la Fiscalía anunciara una orden de detención en su contra por presuntos actos de conspiración contra el Gobierno, lo que todos niegan.
A pesar de una oferta de parte de Argentina de recibirlos en su territorio, el Gobierno venezolano ha negado brindarles salvoconductos para salir del país. Tras la salida del equipo diplomático de Argentina después de los elecciones venezolana, la residencia ha quedado bajo custodia de Brasil.
(Reporte de Vivian Sequera)
