MADRID (Reuters) – El gobierno español busca la aprobación parlamentaria para establecer un nuevo impuesto sobre el valor añadido del 21% para los alquileres turísticos de corta duración -el doble del que se paga por las habitaciones de hotel-, con el que pretende hacer frente a la crisis inmobiliaria.
La tasa impositiva máxima se aplicaría a los alquileres de menos de 30 días y afectaría a cerca de un tercio de los 94 millones de visitantes anuales que recibió España el año pasado y que optaron por alquilar una vivienda en lugar de ir a un hotel. En la actualidad no se aplica IVA a los alquileres de corta duración en la España peninsular, mientras que los que se alojan en hoteles pagan un impuesto del 10%.
La medida forma parte de un proyecto de ley más amplio que el gobierno socialista podría tener dificultades para aprobar en un Parlamento profundamente polarizado.
“Hemos de priorizar la vivienda para vivir y las ciudades para los vecinos”, dijo el viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a propósito de la presentación del proyecto de ley (…), agregando que “se une a una estrategia de abordar por tierra, mar y aire todas las respuestas posibles para dar solución al problema de la vivienda que vive nuestro país”.
España trata de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento del turismo como motor económico y la preocupación popular por el elevado costo de la vivienda, ya que los propietarios optan por alquileres turísticos más lucrativos.
Según un informe del Banco de España de esta semana, el país tiene un déficit de 450.000 viviendas. La mitad del parque de viviendas de las islas Canarias y Baleares son viviendas turísticas o propiedad de no residentes.
Apartur, una asociación de propietarios de departamentos turísticos de Barcelona, la segunda ciudad de España, sostiene que los alquileres de corta duración deberían pagar el mismo IVA que los hoteles y calificó de discriminatoria la propuesta del 21%.
El proyecto también incluye una controvertida medida, anunciada por primera vez en enero, para gravar a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea con un impuesto de hasta el 100% por la compra de una vivienda, a menos que vaya a ser su primera residencia, así como un aumento de los impuestos que deben pagar los propietarios de viviendas vacías, incluidas las segundas residencias.
(Reporte de Corina Pons; reporte adicional de Joan Faus; editado en español por Carlos Serrano)
