LIMA, 8 jul (Reuters) – El Congreso de Perú está debilitando “gravemente” la autonomía de jueces y fiscales para enfrentar el crimen organizado con asesinatos a cifras récord, el cual se ha convertido en la mayor preocupación del país, dijo el martes Human Rights Watch.
La organización de derechos humanos dijo en un comunicado que la presidenta peruana, Dina Boluarte, “a menudo ha posibilitado esta agenda” del Congreso y ha recurrido a la declaración de estados de emergencia, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad.
“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El Congreso y el Gobierno de Boluarte “deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”, agregó la representante de la organización.
Human Rights Watch dijo que entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron un 137%, citando datos de la policía local. Y más de la mitad de los asesinatos del año pasado fueron cometidos por sicarios, mientras que las denuncias por extorsión, especialmente en zonas urbanas y en el transporte de carga, alcanzaron niveles históricos en 2023, agregó.
La popularidad de Boluarte, que llegó al poder a fines del 2022 luego del arresto y destitución de Pedro Castillo, ha caído a niveles históricos en torno al 2% y 4%, según encuestas, debido al rechazo de los peruanos a su política para combatir la inseguridad y las denuncias de corrupción en su contra.
Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones y ha dicho antes que respeta la independencia de los poderes.
El Congreso peruano, donde la mitad de sus miembros son investigados por corrupción, ha limitado drásticamente el sistema de colaboración de acusados que frena el desmantelamiento de grupos criminales y ha modificado la definición de “crimen organizado” para excluir delitos de corrupción, dijo Human Rights.
El organismo también dijo que el Congreso peruano -dominado por partidos conservadores- aprobó leyes que han incentivado la deforestación ilegal y fomentado además un auge de la minería ilegal a pequeña escala, la cual ha originado a su vez la aparición de bandas criminales por el control del negocio.
Human Rights Watch dijo que para llegar a esta conclusión entrevistó durante 15 meses a 125 personas, incluyendo fiscales, jueces, líderes indígenas, periodistas y funcionarios; además de analizar 88 decisiones legislativas y decretos presidenciales.
(Reporte de Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida)
