Por Kristina Cooke y Ted Hesson
GREENVILLE, EEUU, 22 jul (Reuters) – Durante los 125 días que pasó en su celda de detención de inmigrantes, Ingrid Mejía recordó el día en que la separaron de su hijo de 3 años.
Mejía, una trabajadora agrícola guatemalteca de 25 años, había comparecido ante el tribunal el 25 de febrero acusada de conducir sin permiso. No tenía abogado ni una guardería donde mandar a su hijo, así que dejó a Eliazar, un niño regordete de pelo y ojos oscuros, esperando afuera con la persona que la había llevado al juzgado.
Pensó que pagaría una multa y se iría a casa, como había hecho cuatro meses antes por el mismo cargo. Sin embargo, al tratarse de su cuarta infracción, la juez municipal Julie Monnin la condenó a tres días en la cárcel del condado de Darke, en Ohio.
La breve sentencia sumergió a Mejía en la red de la agresiva aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump, lo que la llevó a estar detenida durante más de cuatro meses y a dejar a su hijo, ciudadano estadounidense, en un hogar de acogida por más tiempo.
Mejía comenzó a intentar recuperar a su hijo el 3 de julio, pocas horas después de su liberación.
Esperaba que fuera cuestión de días. Sin embargo, en una vista sobre la custodia celebrada el 15 de julio, los funcionarios de protección de menores afirmaron que Eliazar se había unido a su familia de acogida durante su prolongada detención. Dijeron en la audiencia que una transición lenta sería lo mejor para el niño, relató Mejía.
“Él es mi hijo, ya quiero que esté conmigo. Sólo quiero abrazarlo”, dijo Mejía después de la audiencia.
Amigos y familiares dicen que Mejía es una madre trabajadora, no una criminal violenta, que no necesitaba ser detenida, y que su hijo no merecía pasar por el proceso en el que se vio involucrado.
Las autoridades de inmigración y quienes están a favor de restringir la inmigración dicen que Mejía infringió repetidamente la ley al conducir sin permiso y al violar las normas. Mejía admite haber utilizado documentación falsa para entrar al país y permanecer ilegalmente.
“No creo que esta ofensa deba ser minimizada”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, sobre el cargo de conducir sin permiso.
Trump fue elegido con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, y hasta ahora ha deportado a más de 239.000 personas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Su Gobierno ha establecido cuotas de arrestos para los agentes de inmigración de 3.000 al día, 10 veces más que el promedio de arrestos diarios en el año final de Joe Biden en el cargo.
Cuando Mejía ingresó en la cárcel del condado el 25 de febrero, sus huellas dactilares se compartieron automáticamente con el ICE. Coincidían con las de una persona que había entrado en Estados Unidos siete años antes y estaba en el país ilegalmente.
El ICE emitió una solicitud de detención y el 28 de febrero, después de que Mejía hubiera cumplido su condena por conducir sin permiso, los funcionarios de inmigración la recogieron de la cárcel y la condujeron hasta un centro de detención en Tiffin, Ohio, según los registros de la cárcel.
“Ha sido detenida en múltiples ocasiones por conducir ilegalmente y admitió ante las fuerzas del orden que estaba en el país ilegalmente”, dijo a Reuters en un comunicado Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en respuesta a preguntas sobre Mejía y su hijo.
McLaughlin dijo que, por lo general, a los deportados se les da la opción de llevarse a sus hijos ciudadanos estadounidenses o dejarlos con amigos o familiares en Estados Unidos.
Después de que Mejía fue condenada el 25 de febrero, la policía y funcionarios de bienestar infantil intentaron ponerse en contacto con una amiga que ella dijo que podría cuidar de Eliazar durante su condena de tres días.
Pero la mujer no contestó al llamado a la puerta de Mark Ater, el jefe de policía de Union City, donde vivía Mejía, porque temía que pudiera estar trabajando con el ICE. Al no haber nadie más disponible de inmediato, Eliazar fue colocado en un hogar de acogida.
“Me rompió el corazón que se llevaran a este niño lejos de su madre”, dijo Ater. “Al margen de toda la situación, quedaba un niño que iba a ir a un centro de acogida”.
La jueza Monnin no quiso hacer comentarios, diciendo que las “desafortunadas consecuencias de las acciones de la acusada están fuera de mi control”, y añadió: “Rezo para que se desarrolle rápidamente un proceso de reunificación”.
UNA ADOLESCENTE SOLA
Mejía huyó de la violencia sexual y de las pandillas en Guatemala, llegando a un puerto de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México en noviembre de 2017, a pocas semanas de cumplir 18 años, según su documentación de inmigración.
Los coyotes le dijeron que viajara con los documentos de su hermana menor para asegurarse de que fuera procesada como menor no acompañada en caso de que su viaje se alargara más de lo esperado, señaló. Aunque entrar con documentos fraudulentos no descalifica una solicitud de asilo, puede hacerla más difícil, dicen los expertos.
Mejía pasó cuatro meses en un centro de acogida de menores del Gobierno antes de ser puesta en libertad para tramitar su solicitud de asilo.
Se trasladó a Virginia, donde vivió durante ocho meses con una mujer que la golpeaba con un látigo de cuero y la obligaba a trabajar sin remuneración, según su solicitud de visado para víctimas de trata de seres humanos. Reuters no pudo verificar su relato de forma independiente.
En septiembre de 2019 escapó y se dirigió a una zona rural de Ohio. Consiguió un trabajo empacando huevos en cartones que se enviaban a tiendas en todo el país.
Mejía dice que intentó utilizar furgonetas compartidas para ir al trabajo desde su casa en Indiana, a 32 kilómetros de distancia, pero a veces no había asientos disponibles. Ni Ohio ni Indiana permiten a los inmigrantes ilegales obtener permisos de conducir.
El 18 de febrero se dirigía al trabajo cuando chocó con otro automóvil, según el informe policial. No hubo heridos. El agente que la atendió la denunció por conducir sin permiso y la obligó a comparecer ante el tribunal.
A finales de febrero, tras su traslado a un centro de detención de inmigrantes, Mejía se puso en contacto con Maira Vásquez para que le ayudara a averiguar dónde estaba Eliazar y cómo podía ponerlo al cuidado de un familiar. Vásquez, ciudadana estadounidense, asistió al nacimiento del niño como trabajadora sanitaria y las dos mujeres habían permanecido en contacto.
Cuando Vásquez visitó el Departamento de Trabajo y Servicios Familiares del condado de Darke en marzo, los funcionarios le dijeron que esta era una situación nueva para ellos y que no estaban seguros de cómo manejarla.
Cuando se le pidió un comentario, la agencia dijo que no podía compartir detalles sobre el caso, que basa su información en las leyes de privacidad.
Mejía dijo a Reuters en una llamada telefónica desde el centro de detención en marzo que los funcionarios del ICE le dijeron que podría reunirse con Eliazar si firmaba un documento aceptando ser deportada.
Pero Vásquez dijo que los funcionarios del condado le dijeron que Eliazar estaba bajo su custodia, y que tenían sus propios procesos destinados a velar por el interés superior del niño.
Mejía no firmó, y Vásquez siguió explorando opciones para colocar a Eliazar con familiares o amigos.
La hermana de Mejía, que pidió no ser identificada por temor a ser detenida por el ICE, estaba inicialmente dispuesta a acogerlo. Pero los funcionarios del condado le dijeron que sería difícil para ella pasar las comprobaciones de antecedentes, ya que está en el país ilegalmente.
Dos amigos que sí tienen residencia legal se negaron a acoger a Eliazar por miedo a exponer a familiares que están en Estados Unidos ilegalmente, dijo Vásquez.
El padre de Eliazar nunca se ha involucrado en su vida, y no era una opción, dijo Mejía.
El 2 de julio, un juez de inmigración desestimó por segunda vez el caso de deportación de Mejía, dictaminando que tenía derecho a una audiencia ante un oficial de asilo y señalando que era la única tutora de un niño ciudadano estadounidense con discapacidades.
Esta vez, el ICE no impugnó la sentencia y puso en libertad a Mejía al día siguiente.
Vásquez la recogió en el centro de detención y las dos mujeres intentaron llamar a los servicios de menores del condado de Darke, pero era la víspera del 4 de julio y no pudieron comunicarse de inmediato.
El lunes siguiente por la tarde, Mejía se encontró con Eliazar, en las oficinas de los servicios infantiles. “Lo abracé y lo abracé”, dijo.
Dijo que él la reconoció, pero no le habló. Parecía apegado a sus padres de acogida, y dijo que le oyó hablar en inglés.
En la audiencia del 15 de julio sobre la custodia, los funcionarios de bienestar infantil recomendaron más visitas para que Eliazar pudiera acostumbrarse de nuevo a su madre, dijo Mejía. También ordenaron inspecciones de su casa para asegurarse de que su lugar es apropiado para un niño, relató. Los servicios infantiles del condado de Darke no quisieron hacer comentarios.
Vásquez dijo que los funcionarios de bienestar infantil expresaron su preocupación acerca de cómo Mejía mantendría a Eliazar, ahora que ha perdido su trabajo.
Vásquez dijo que había recaudado fondos para depositar unos 3.000 dólares en una cuenta bancaria a nombre de Mejía para demostrar que tiene dinero para mantenerla hasta que consiga su permiso de trabajo.
El 21 de julio, un funcionario del servicio de menores y la madre de acogida de Eliazar lo dejaron en la casa de Mejía con una buena noticia inesperada. Se le permitiría quedarse con ella, con visitas regulares de bienestar infantil hasta que se cerrara el caso.
“Se va a quedar conmigo, ya no lo van a llevar. Me está haciendo muy bien”, sostuvo la mujer.
(Reporte de Kristina Cooke en Greenville, Ohio, y Ted Hesson en Washington; información adicional de MB Pell en Nueva York y Carlos Barria en Union City, Indiana; Editado en español por Javier Leira)
