Por Horacio Fernando Soria
BUENOS AIRES, 24 jul (Reuters) – Román Stavsky, un hombre que sufrió una encefalitis a los seis meses, podría perder el centro al que asiste diariamente ya que corre riesgo de cerrar por falta de financiamiento estatal, luego de que el presidente ultraliberal Javier Milei amenazara con vetar una ley que garantiza derechos a los discapacitados.
La enfermedad le dejó secuelas motoras y de lenguaje a Román, un aficionado al fútbol de 39 años, lo que no le impidió completar la escuela primaria y secundaria, a pesar de no poder hablar ni moverse por sus medios, por lo que depende de sus padres, ambos jubilados, y del centro de día al que asiste para interactuar con otros discapacitados y recibir tratamiento.
“Los pacientes quedan a la buena de Dios”, dijo Héctor, el padre de Román, de 73 años, acerca del posible veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por unanimidad en el Congreso el 10 de julio y que Milei dijo que vetará por considerar que pone en riesgo el equilibrio fiscal.
El Congreso también aprobó en ese momento una moratoria previsional y un aumento de pensiones, uno de los sectores más afectados por el severo ajuste de las cuentas públicas aplicado por el mandatario tras llegar al poder en diciembre de 2023.
Distintas organizaciones venían realizando manifestaciones frente al Congreso Nacional para denunciar que muchas familias perdieron la pensión, dejaron de recibir medicación y que varios centros asistenciales del país no pueden cubrir los gastos de mantenimiento ni los salarios de los profesionales.
La aprobación de ley que apunta a garantizar derechos y servicios esenciales -como terapias, transporte, educación especial y centros de día- para las personas con discapacidad fue celebrada por los familiares de los pacientes en el contexto de recortes y demoras en los pagos de las prestaciones, pero temen cómo les afectará el veto anunciado por el Gobierno.
En caso de un veto total, la ley volverá al Congreso, que podría desecharlo si cuenta con la aprobación de dos tercios de los legisladores. Según medios locales, el Gobierno estaría negociando un veto parcial o vetar solo alguna de las normas.
“Desde el momento en que los honorarios o aranceles son insuficientes para un profesional para vivir o para una institución para cubrir sus gastos, mantenerse y dar un buen servicio, de hecho va provocando el cierre paulatino, que ya se está empezando a ver en muchos centros de día”, dijo Héctor.
Mónica Zelinger, la mamá de Román, cuenta lo importante que es para su hijo asistir al centro de día por las terapias que recibe y por la sociabilización con pares, si bien eso representa solo una parte de su tratamiento ya que también deben llevarlo asiduamente a otros profesionales.
“Producto de la distonía y de la espasticidad (…) frecuentemente vamos al odontólogo, al estomatólogo o al neurólogo, entonces tenemos distintas especialidades con las que tenemos que convivir habitualmente”, dijo mientras ayudaba a su hijo a tomar mate cocido, una popular infusión en Argentina.
Organizaciones de todo el país dicen enfrentar dificultades para cubrir sueldos y gastos básicos, lo que afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, que necesitan servicios como rehabilitación e inclusión social.
“Muchas de estas discapacidades, si son tratadas, se van atenuando en su grado de discapacidad, se van mejorando y en más de un caso hasta pueden llegar a una rehabilitación completa. Pero, aunque no fuera completa, cada mejora, cada logro que se pueda obtener es muy importante”, dijo Héctor.
“Si no hay un marco para que la población de discapacitados pueda recibir toda esta atención, para usar un término duro, es descartarlos”, concluyó.
(Reporte de Horacio Soria; Escrita por Lucila Sigal; Editada por Walter Bianchi)
