Por Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra
BOGOTÁ, 28 jul (Reuters) -Una juez declaró el lunes culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso de manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario condenado en juicio en la historia del país sudamericano.
Sin embargo, la juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, absolvió al exmandatario del delito de soborno en la más reciente decisión en un largo proceso de casi 13 años profundamente polarizado, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden justicia.
Uribe, de 73 años y quien gobernó a Colombia por dos periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, se declaró inocente durante el juicio. El fallo puede ser revisado y revocado por un tribunal a solicitud de la defensa.
“Este no es el final de este proceso, sigue la segunda instancia y vamos a demostrar que está decisión, que respetamos, es equivocada”, dijo a periodistas el abogado suplente de la defensa, Juan Felipe Amaya.
En una audiencia de casi 10 horas, la juez defendió su fallo y aseguró que respetó el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La justicia ha llegado, ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones”, dijo Heredia. “La justicia no se arrodilla ante el poder (…) está al servicio del pueblo colombiano”.
El próximo viernes la juez dará a conocer la condena contra el expresidente. Los dos delitos contemplan penas de prisión de entre 6 y 12 años, según el código penal y abogados consultados, por lo que Uribe podría tener el beneficio de prisión domiciliaria.
El abogado de Uribe, Jaime Granados, dijo que la presunción de inocencia se debe mantener y solicitó que su cliente permanezca en libertad.
Simpatizantes del exmandatario se ubicaron frente a la sede del juzgado en Bogotá para apoyarlo con avisos de “Uribe inocente” y máscaras de cartón con el rostro del político, mientras detractores exhibieron letreros en los que se leía “Uribe a la cárcel”.
Previamente, la justicia rechazó dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en el 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Pero en febrero del 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares.
En cambio, el tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
“Una resolución en contra del expresidente podría generar algún tipo de represalia por parte del Gobierno de Estados Unidos”, dijo el lunes una nota del Banco de Bogotá, refiriéndose a una propuesta del legislador republicano estadounidense Mario Díaz-Balart de recortar la ayuda no militar a Colombia el próximo año, en parte por preocupaciones de violaciones al debido proceso en el caso Uribe.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en su cuenta de X que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. La instrumentalización de la rama judicial colombiana por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”.
El político colombiano se unió a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos criminales e incluso fueron a la cárcel como el peruano Alberto Fujimori, el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández y el panameño Ricardo Martinelli.
Uribe impulsó durante su administración una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y es un dirigente visible y fundador del partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno del mandatario izquierdista Gustavo Petro.
El político permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en el 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
Uribe, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
El fallo se conoce en el preámbulo del inicio de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, en las que se elegirá un nuevo Congreso y el sucesor de Petro.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sus sangrientos ataques.
Una comisión de la verdad reveló que los paramilitares, la mayoría desintegrados en el 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
