Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 1 ago (Reuters) -Una juez condenó el viernes al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al tiempo que ordenó su detención domiciliaria, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano.
La jueza 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que en su fallo absolvió a Uribe del delito de soborno, también le impuso una multa de 578.000 dólares y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por más de ocho años, según la sentencia que leyó la funcionaria y a la que tuvo acceso Reuters horas antes.
La condena en primera instancia es la más reciente decisión en un largo proceso por manipulación de testigos profundamente polarizado de casi 13 años, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden justicia. El exmandatario y sus abogados comparecieron virtualmente a la lectura de la sentencia.
Uribe, de 73 años y quien gobernó a Colombia por dos periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, se declaró inocente durante el juicio. La defensa anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El expresidente, haciendo uso de su derecho de apelación, pidió el viernes a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá revisar y revocar el “fallo político” de la juez y dijo que el proceso en su contra busca “destruir una voz de la oposición democrática. “Aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional”.
La sentencia se conoce en el preámbulo del inicio de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, en las que se elegirá un nuevo Congreso, así como el sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro y en las que varios aliados de Uribe competirán.
También podría tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó el fallo esta semana y Petro exigió respeto a la independencia del poder judicial, mientras analistas advirtieron de un recorte de la ayuda de Washington a Colombia en respuesta.
Previamente, la justicia rechazó dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en el 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
LARGO Y COMPLEJO PROCESO
Pero en febrero del 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso, recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares.
En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
El abogado penalista y profesor de jurisprudencia de la Universidad El Rosario de Bogotá, Francisco Bernate, dijo a Reuters que el fallo de la juez fue desmedido y anticipó que la defensa de Uribe interpondrá un recurso para que el político quede en libertad mientras una segunda instancia revisa el caso.
“Es desmedido, ni el más optimista veía una decisión de 12 años y menos con una captura inmediata. Supera lo que cualquiera hubiera imaginado”, aseguró Bernate.
Uribe se unió a una lista de exmandatarios latinoamericanos que enfrentaron procesos criminales e incluso fueron a la cárcel, como el peruano Alberto Fujimori, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández y el panameño Ricardo Martinelli.
El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que obligó a la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Uribe, quien fundó el partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno de Petro, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en el 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía argumentando que la corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.
Una comisión de la verdad reveló que los grupos paramilitares, la mayoría desintegrados en el 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
