Por Sarah Kinosian
CIUDAD DE PANAMÁ, 27 feb (Reuters) – Abogados de migrantes de todo el mundo que fueron deportados de Estados Unidos y trasladados a un remoto campamento en la selva panameña en las últimas semanas dicen que no han podido comunicarse con sus clientes desde que llegaron allí.
Un centenar de estos migrantes están retenidos en el centro migratorio “San Vicente”, en lo profundo de la densa selva que separa a Panamá de Colombia, según autoridades panameñas. Su futuro es incierto mientras esperan ver si se les concederán asilo en Panamá o en otro lugar.
“Se están enviando personas, incluidas familias como nuestros clientes, a Panamá sin ningún tipo de evaluación para el asilo y a pesar de no tener ninguna conexión con ese país”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Y cuando llegan allí, desaparecen en una caja negra sin acceso a un abogado”, dijo.
Gelernt es uno de varios abogados que impugnan una orden ejecutiva del 20 de enero del presidente estadounidense, Donald Trump, que bloqueó ampliamente a los migrantes solicitar asilo en la frontera con México.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a Panamá a unas 300 personas, entre ellas hay procedentes de Afganistán, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. Estos vuelos forman parte de los esfuerzos de la administración Trump por eludir que algunos países rechacen los vuelos de deportación estadounidenses debido a tensiones en las relaciones diplomáticas u otras razones.
El acuerdo con Panamá permite a Estados Unidos deportar a estas nacionalidades y hace responsabilidad del país centroamericano organizar su repatriación.
Pero el proceso, que en este caso incluyó una parada provisional en un hotel de la Ciudad de Panamá donde el grupo fue detenido por guardias armados, ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos que temen que los migrantes puedan ser maltratados y por su seguridad si finalmente son devueltos a sus países de origen.
La abogada del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), Keren Zwick, dijo que estaba “profundamente preocupada” por la seguridad de una mujer turca y su hija que fueron deportadas de Estados Unidos a Panamá y desde entonces enviadas de regreso a Turquía, según su esposo.
Una copia de la denuncia legal contra el gobierno estadounidense presentada por la ACLU, el NIJC y otros grupos de derechos humanos a la que tuvo acceso Reuters, indica que la mujer turca y su hija declararon a funcionarios de inmigración estadounidenses que habían ido a ese país a solicitar asilo. Llegaron a Estados Unidos el 3 de febrero, después de la orden ejecutiva del 20 de enero, antes de ser deportadas en un avión militar a Panamá nueve días después.
Ni Galernt ni Zwick han hablado con ellos desde que estaban en el hotel en Ciudad de Panamá.
La mujer y su marido habían participado en un movimiento religioso de no violencia en Turquía antes de que el gobierno emitiera una orden de arresto contra él por su participación, lo que le obligó a huir del país, según la denuncia. La mujer huyó de Turquía con su hija después de repetidos incidentes de acoso, según la denuncia.
El marido de la mujer le dijo a Zwick que su esposa y su hija habían sido deportadas a Turquía el miércoles.
Analistas señalan que estos acuerdos forman parte de los esfuerzos del gobierno de Trump por “subcontratar” sus planes de deportación a países de América Central. Costa Rica también ha recibido migrantes de diversas nacionalidades que fueron deportados de Estados Unidos en las últimas semanas.
El presidente del país, José Mulino, dijo el jueves sobre los migrantes deportados de Estados Unidos a su país que 113 se fueron ya del país, 16 vuelan el jueves , 58 están en proceso de adquirir sus boletos de avión y que 112 todavía están en San Vicente.
CAMPAMENTOS EN LA SELVA
Susana Sabalza, una abogada panameña que representa a una familia de Taiwán que se encuentra detenida en el campamento de la selva, dijo a Reuters que había estado pidiendo al gobierno durante más de una semana tener acceso a sus clientes.
“Esto no es normal, nunca hemos visto algo así en Panamá”, dijo. “Debería poder hablar con mis clientes”.
Ali Herischi, un abogado en Washington, DC que representa a 11 iraníes en el campamento, dijo que sus clientes recibieron el martes una llamada telefónica de tres minutos de la Cruz Roja en Panamá para hablar con sus familias, pero se les prohibió llamar a su abogado.
La Cruz Roja en Panamá dijo a Reuters que su papel inmediato en el campamento era reciente y que su personal estaba autorizado por las autoridades para brindar servicios de salud y restablecer el contacto entre los migrantes y sus familias.
“Nuestros servicios, que incluyen llamadas telefónicas, tienen la finalidad exclusivamente humanitaria de prevenir la desaparición o pérdida de contacto familiar, por lo que no están destinados a públicos distintos a los familiares”, dijo a Reuters un portavoz de Cruz Roja.
Otros dos abogados que buscan ofrecer representación a los migrantes deportados dicen que se les prohibió el acceso primero al hotel y ahora al campamento en la selva, donde dijeron que las autoridades también han quitado los teléfonos celulares a varios migrantes.
Vicente Tedesco, uno de los dos abogados, dijo que intentó ofrecer asistencia legal a los migrantes en el hotel de la Ciudad de Panamá, pero le prohibieron la entrada.
Una semana después envió una solicitud formal, vista por Reuters, al ministro de Seguridad panameño, Frank Abrego, pidiendo aclarar el estatus legal de los migrantes y por qué se les había prohibido recibir asistencia legal.
Tedesco dijo que no había recibido una respuesta formal.
“Están violando el derecho al debido proceso de esta gente y violando los convenios internacionales”, añadió.
El ministro de Seguridad de Panamá no respondió a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Sarah Kinosian; reporte adicional de Elida Moreno; editado por Laura Gottesdiener, Christian Plumb, Michael Perry y Ana Isabel Martínez)
