QUITO, 12 mar (Reuters) -El plazo para que un consorcio chino-canadiense abonara un anticipo de 1.500 millones de dólares a Ecuador para desarrollar el bloque petrolero Sacha ha vencido, dijo el miércoles la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, lo que aparentemente frustraría el acuerdo.
El presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección en abril, había indicado que el consorcio, compuesto por filiales del gigante energético estatal chino Sinopec y la canadiense New Stratus Energy, tenía hasta la noche del martes para realizar el pago, de lo contrario no firmaría el contrato.
El ministerio de Energía y Minas adjudicó al consorcio por 20 años la operación de Sacha, el bloque más productivo del país con unos 77.000 barriles diarios (bpd), sin una licitación pública.
Sindicatos, organizaciones indígenas y políticos de la oposición han criticado la adjudicación del contrato y han cuestionado si Amodaimi Oil Company S.L., la subsidiaria de Sinopec, y Petrolia Ecuador, la subsidiaria de New Stratus, tienen la capacidad técnica y operativa para operar el bloque.
“No hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció”, dijo Manzano al canal local Ecuavisa. “No habría nada que decir más porque el comunicado (el plazo) era hasta ayer nueve de la noche, nueve y un minuto no hubo el tema de la prima”.
El presidente ya ha dicho que evaluará otras opciones para el bloque si este contrato no sigue adelante. El gobierno ha dicho que no tiene los fondos ni la tecnología necesaria para aumentar la producción en Sacha.
Petrolia, el único miembro del consorcio que ha comentado públicamente sobre el acuerdo, indicó que no tenía comentarios inmediatos.
“Se espera que las partes interesadas continúen el proyecto en base del beneficio mutuo y ganancia compartida, y que la parte ecuatoriana siga proporcionando un entorno comercial justo, equitativo, transparente y no discriminatorio para las empresas extranjeras, incluidas las empresas chinas”, dijo la embajada de China en Ecuador en un comunicado en su sitio web.
La embajada añadió que el gobierno chino no interfiere en los negocios realizados por empresas chinas.
El contrato incluía además inversiones por más de 1.700 millones de dólares y elevar la producción del campo a 100.000 bpd en los tres primeros años.
Las autoridades habían dicho que a pesar de las cláusulas que habrían determinado la distribución de la producción en función del precio del petróleo y los niveles de extracción, la participación del gobierno en la renta del proyecto, incluido el pago inicial, los impuestos y los cargos por transporte, habría sido de alrededor del 82%.
(Reporte de Alexandra Valencia; editado por Carlos Serrano y Juana Casas)
