PARÍS, 28 mar (Reuters) – El Consejo Constitucional de Francia dictaminó el viernes que los políticos franceses pueden ser inhabilitados inmediatamente si son condenados por un delito, dejando la puerta abierta a que la líder de extrema derecha Marine Le Pen pueda ser excluida de la carrera presidencial de 2027 por un juicio por malversación que concluye el lunes.
La líder de Reagrupamiento Nacional (RN), Le Pen, que encabeza los sondeos para las presidenciales de 2027, acusa a los fiscales de buscar su “muerte política” al pedir a los jueces que la inhabiliten durante cinco años si es condenada.
En caso de que Le Pen recibiera la llamada prohibición de “ejecución provisional”, que entraría en vigor inmediatamente aunque recurriera, no podría presentarse a las elecciones de 2027.
Le Pen ha negado haber cometido delito alguno.
Robin Binsard, abogado que representa a otro político inhabilitado, dijo que el fallo del tribunal era “absolutamente” negativo para Le Pen, ya que “los jueces mantienen la posibilidad de ordenar la inelegibilidad con ejecución provisional”.
El tribunal desestimó el viernes la recurso legal de un concejal inhabilitado de Mayotte que cuestionaba la legalidad de su inhabilitación con “ejecución provisional”, que implica tener que dejar el trabajo inmediatamente si es condenado, en lugar de esperar a que siga su curso un proceso de apelación.
En su sentencia, el tribunal afirma que la “ejecución provisional” de una condena de inelegibilidad no vulnera derechos como la libertad de expresión, por lo que es legal.
En el caso de Le Pen, los fiscales han pedido a los jueces que impongan una inhabilitación inmediata de cinco años, independientemente de cualquier recurso, mediante la misma medida de “ejecución provisional”.
Una prohibición de ejecución provisional no supondría la destitución de Le Pen de su escaño en el Parlamento hasta que termine su mandato, pero le impediría presentarse a cualquier nueva contienda electoral.
Le Pen, RN y unas dos docenas de figuras del partido están acusados por la fiscalía de desviar más de 3 millones de euros (3,27 millones de dólares) de fondos del Parlamento Europeo para pagar a personal que trabaja para el partido en Francia.
Los acusados afirman que el dinero se utilizó legítimamente y que las acusaciones llevan una definición demasiado estrecha de lo que hace un asistente parlamentario.
(Información de Juliette Jabkhiro; edición de Gabriel Stargardter y Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
