Por Luc Cohen y Kristina Cooke
18 abr (Reuters) -Los abogados de un grupo de hombres venezolanos detenidos en Texas pidieron el viernes a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que bloquee lo que dijeron que es una deportación inminente por parte del Gobierno de Donald Trump sin la revisión judicial requerida por la Corte Suprema.
En una presentación judicial, los abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles dijeron que decenas de hombres retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, recibieron formularios que indicaban que estaban clasificados como miembros de la pandilla Tren de Aragua y que serían deportados.
Los abogados pidieron al juez de distrito James Hendrix, de Abilene, en el estado de Texas, que bloquee cualquier deportación de este tipo.
La ACLU presentó ante el tribunal una foto de una de las notificaciones.
“Se ha determinado que usted es un extranjero enemigo sujeto a detención, restricción y expulsión”, rezaba la notificación. El nombre del destinatario estaba oculto y se señalaba que el migrante se negó a firmarla el 18 de abril.
“Según la información, los individuos ya han sido subidos a los autobuses”, escribió la ACLU.
“Esta acción es una de las únicas oportunidades de los demandantes para asegurar la revisión judicial que la Corte Suprema sostuvo que el Gobierno debe proporcionar, pero que el Gobierno ahora está tratando de descartar”.
La deportación de los hombres sería la primera desde que la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo al Gobierno del presidente Donald Trump el 7 de abril que debe notificar a los migrantes venezolanos que busca deportar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y darles la oportunidad de impugnar sus expulsiones ante los tribunales.
Elegido con la promesa de tomar medidas enérgicas contra los migrantes, Trump invocó la ley el mes pasado en un intento de eludir los procedimientos normales y deportar rápidamente a presuntos miembros del Tren de Aragua, que su Gobierno califica de grupo terrorista.
Al ser consultado el viernes sobre las deportaciones previstas, Trump dijo que no estaba familiarizado con el caso en particular, pero añadió: “Si son malas personas, sin duda lo autorizaría”.
“Para eso fui elegido. No se eligió a un juez”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.
Cuando se le pidió que comentara los próximos vuelos de deportación, la subsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado el viernes más temprano: “No vamos a revelar los detalles de las operaciones antiterroristas, pero estamos cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema”.
La Corte Suprema no indicó cuántos días de preaviso deben darse. Abogados de todo el país han pedido que se avise a los migrantes con 30 días de antelación para que puedan impugnar sus deportaciones. La administración Trump no ha dicho públicamente con cuántos días de antelación pretende avisar a los migrantes.
El 15 de marzo, la administración Trump deportó a más de 130 presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua a El Salvador, citando la Ley de Enemigos Extranjeros, más conocida por haber sido utilizada para internar y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de los abogados y familiares de los migrantes afirman que no eran miembros de la banda y que no tuvieron oportunidad de rebatir la afirmación del Gobierno de que sí lo eran.
El juez de distrito James Boasberg en Washington, D.C., bloqueó rápidamente cualquier otra deportación en virtud de la ley. Trump pidió entonces su destitución, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo que las apelaciones, y no la destitución, son la respuesta adecuada a las decisiones judiciales adversas.
Boasberg ahora está investigando si la administración Trump violó su orden de devolver a los migrantes, y advirtió que podría declarar a los funcionarios en desacato al tribunal. El Departamento de Justicia pidió el viernes a un tribunal de apelaciones que pausara la investigación de Boasberg.
La administración Trump enfrenta más de 200 desafíos legales a sus políticas. Los demócratas y algunos analistas legales dicen que los funcionarios de Trump en algunos casos están retrasando el cumplimiento de las órdenes judiciales, lo que indica una posible voluntad de desobedecer a una rama independiente del Gobierno.
El viernes, un juez de Boston prohibió al Gobierno acelerar las deportaciones de migrantes a países distintos del suyo sin darles la oportunidad de demostrar que temen ser perseguidos, torturados o asesinados allí.
Un juez de Maryland está investigando si los funcionarios violaron su orden de facilitar el regreso de un salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York y Kristina Cooke en Los Ángeles; editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)
