Por Nate Raymond
CONCORD, EEUU, 10 jul (Reuters) -Un juez federal volvió a impedir el jueves que el Gobierno del presidente Donald Trump le niegue la ciudadanía a algunos bebés nacidos en Estados Unidos, haciendo uso de una excepción para superar el reciente fallo de la Corte Suprema que restringió la capacidad de los magistrados para bloquear esa y otras políticas en todo el país.
El juez de distrito Joseph Laplante en Concord, Nuevo Hampshire, adoptó la decisión después de que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes le pidieron el estatus de acción colectiva a una demanda que presentaron buscando representar a cualquier bebé cuya ciudadanía se vea amenazada por la implementación de la directiva de Trump.
El fallo está lejos de ser la última palabra en la batalla legal sobre el decreto que Trump firmó en enero en su primer día de regreso al cargo.
El juez suspendió su fallo durante siete días para dar tiempo al Gobierno de Trump a apelar, lo que un abogado del Departamento de Justicia en la audiencia indicó que sin duda sucedería.
Laplante, designado por el presidente George W. Bush, aceptó que los demandantes actúen como grupo, lo que le permitió emitir una nueva orden judicial para bloquear la aplicación de la política del presidente republicano a nivel nacional.
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) le habían instado a hacerlo después de que la Corte Suprema emitió el 27 de junio un fallo por 6-3 que reducía tres medidas cautelares de jueces en desafíos separados a la directiva de Trump.
La decisión de la Corte Suprema significaba que los bebés nacidos en algunas partes de Estados Unidos de padres que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales corrían el riesgo de que se les negara la ciudadanía y quedaran sujetos a deportación.
Sin embargo, la sentencia contenía una excepción para las demandas colectivas que buscan reparación en nombre de un grupo de personas en situación similar en todo el país.
Laplante dijo que la cuestión de si emitir una orden judicial “no fue reñida”, señalando que los niños podrían verse privados de la ciudadanía estadounidense si el decreto de Trump entra en vigor.
“Eso es un daño irreparable”, dijo durante la audiencia. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
El abogado de ACLU, Cody Wofsy, celebró la decisión y dijo a periodistas que el fallo de la Corte Suprema había provocado “preocupación, confusión y miedo” entre las familias migrantes cuyos bebés se verían afectados por el decreto de Trump.
“Esto va a proteger a todos y cada uno de los niños en todo el país de un decreto ilegal, inconstitucional y cruel”, señaló.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, calificó en un comunicado el fallo como “un intento obvio e ilegal de eludir la clara orden de la Corte Suprema contra la reparación universal”.
“La decisión de este juez desprecia el estado de derecho al abusar de los procedimientos de certificación de demandas colectivas”, dijo.
“La administración Trump luchará enérgicamente contra los intentos de estos jueces de distrito deshonestos de impedir las políticas que el presidente Trump fue elegido para implementar”.
(Reporte de Nate Raymond en Boston; Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)
