Por Diego Oré
URUAPAN, México, 26 jul (Reuters) – Mientras los locutores de televisión declaraban a Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, Sonia Coria se volvió hacia su marido y le preguntó si debían regresar a casa.
Llevaban siete meses viviendo en Glendale, Arizona, compartiendo un apartamento de dos habitaciones con la tía de Coria y construyendo poco a poco una vida lejos de las amenazas y la violencia de los cárteles que los hicieron huir de México.
Coria, de 25 años, limpiaba casas de cuando en cuando y su esposo, Carlos León, también de 25 años, trabajaba como jardinero. Su hija mayor, Naomi, de ocho años, asistía a una escuela concertada local, hacía amigos y aprendía inglés. En la pequeña piscina del edificio de apartamentos donde vivían, había aprendido a nadar. El pequeño Carlos, de cinco años, estaba aprendiendo a montar bicicleta.
Su barrio en el oeste de Glendale —una ciudad de unos 250,000 habitantes a las afueras de Phoenix— alberga a muchos otros migrantes mexicanos. Frente a su bloque de apartamentos había una pequeña tienda, la Carnicería Uruapan, llamada así por el pueblo del que habían huido en el peligroso estado Michoacán.
En Estados Unidos compraron su primer auto: una camioneta Ford F-150 color canela del 2008 que les costó 4,000 dólares a plazos. Seguían siendo pobres; a veces iban a comedores populares a alimentarse o recogían electrodomésticos y juguetes que los vecinos habían tirado, pero era una vida que jamás hubieran imaginado en su México natal.
La campaña de Trump y su victoria cambiaron su percepción de la vida en Estados Unidos. Habían cumplido la ley, entrando al país por un cruce fronterizo y solicitando asilo, el cual estaba en trámite. Pero ahora les preocupaba perderlo todo.
“¿Para qué nos esperamos a que nos saquen y no nos llevemos nada? Mejor nos llevamos aunque sea la camioneta y las cosas que hemos juntado'”, recuerda Coria haberle dicho a su esposo esa noche, mientras la cobertura de las elecciones se transmitía por televisión.
León asintió y abrazó a su esposa. Empezaron a llorar en silencio, temerosos de que Carlos y Naomi los oyeran mientras jugaban en el suelo de la habitación que compartían. A los niños se les había permitido trasnochar para que Coria y León pudieran ver los resultados electorales.
El relato de la familia está basado en entrevistas con León, Coria y las ONG que los ayudaron a regresar a México. Reuters no pudo verificar todos los detalles de su viaje, pero los hechos principales se sustentaron con fotos, videos, mensajes y documentos aduaneros que la familia compartió.
Mientras la administración de Trump ha prometido implementar la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, las autoridades han allanado lugares de trabajo, enviado a presuntos pandilleros venezolanos a una notoria prisión en El Salvador y desplegado a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina en servicio activo para contener las protestas antigubernamentales que se desataron en Los Ángeles.
Después de las 239,000 personas que el Gobierno ha deportado hasta ahora -algunas esposadas y conducidas a aviones- la expulsión muy pública de inmigrantes ha tenido otro efecto: desencadenar decisiones difíciles en los hogares migrantes en todo Estados Unidos sobre si quedarse o irse.
Mientras discutían si regresar a México, León puso una condición: que esperaran hasta que Trump asumiera el cargo el 20 de enero, para ahorrar algo más de dinero y ver si demostraba ser tan duro en materia migratoria como había prometido.
Al final, el miedo los llevó a irse incluso antes de que Trump hubiera jurado su cargo.
“PROYECTO REGRESO A CASA”
A pesar de las deportaciones de alto perfil a Guantánamo o El Salvador, el número total de deportaciones bajo el gobierno de Trump es menor que durante el último año del expresidente Joe Biden en el cargo.
Cada vez más, persuadir a los migrantes para que se vayan por su propia voluntad se ha convertido en una estrategia central.
“La autodeportación es segura”, se lee en un volante del DHS exhibido en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. “Váyase en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida”.
En marzo, la administración de Trump lanzó una aplicación llamada CBP Home diseñada para ayudar a las personas a reubicarse y en mayo, el presidente Trump presentó el “Project Homecoming”, una amplia iniciativa que ofrece a los “inmigrantes ilegales” 1,000 dólares y un vuelo gratis para irse.
Desde entonces, “decenas de miles de inmigrantes ilegales” se autodeportaron a través de la aplicación CBP Home, dijo a Reuters un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin dar más detalles.
Más de 56,000 mexicanos han regresado voluntariamente de Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, según cifras del gobierno mexicano.
La autodeportación no es una idea nueva. Durante la Gran Depresión y, de nuevo, durante la Operación Espalda Mojada de 1954, las campañas de deportación estadounidenses presionaron a más de un millón de mexicanos y mexicoamericanos a irse, mucho más que mediante deportaciones formales.
“La llamada autodeportación no es un accidente, sino una estrategia deliberada”, dijo María José Espinosa, directora ejecutiva de CEDA, una organización sin fines de lucro en Washington que trabaja para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.
“Durante décadas, distintos gobiernos y políticos en Estados Unidos han utilizado el miedo como herramienta de política migratoria”, agregó. “Hoy estamos presenciando una nueva escalada, con características alarmantes”.
“NOS FUIMOS SIN NADA Y REGRESAMOS PEOR”
El 19 de enero, Coria, León y los dos niños empacaron lo que pudieron en su F-150 y se dirigieron hacia la frontera con México. Era un viaje de tres horas.
Unas semanas antes, habían presenciado cómo agentes de inmigración detenían al padre de una familia mexicana que vivía a dos casas de la suya. Eso, dijo Coria, los llevó a tomar la decisión.
Un abogado que consultaron en el consulado mexicano en Phoenix reforzó su opinión diciéndoles que su solicitud de asilo era débil y que probablemente serían deportados.
El consulado dijo a Reuters que el abogado, Hugo Larios, en ocasiones ofreció consultas gratuitas, pero que no tuvieron acceso a detalles de lo discutido ni a un registro de la visita de la familia Coria-León en enero, sino solo en abril de 2024. Larios no respondió a las solicitudes de comentarios.
Irse fue una decisión difícil. Habían huido de su pueblo natal en febrero después de que hombres armados que decían ser miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzaran a aparecer en la finca de aguacates donde León trabajaba como guardia, exigiendo dinero por protección. León no tenía dinero para pagar, y el dueño estaba ausente.
Ahora estaban regresando.
Uruapan es una de las ciudades más violentas del mundo, con una tasa oficial de homicidios de casi 60 por cada 100,000 habitantes. En los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en la zona, controlando o extorsionando fincas y negocios, y asesinando a quienes se niegan a pagar.
Pero la familia esperaba que sus ahorros marcaran la diferencia. Habían logrado reunir 5,000 dólares y su plan era comprar un terreno y abrir un taller mecánico usando su camioneta para ayudar con el negocio.
A las cinco de la tarde del 19 de enero, llegaron al cruce fronterizo Dennis DeConcini en Nogales.
Al pasar por la aduana mexicana, la Guardia Nacional Mexicana detuvo su vehículo y les pidió documentos, dijo la familia.
León no tenía el título del auto, solo un permiso temporal emitido ese mismo día, así que los agentes confiscaron la camioneta y amenazaron con arrestarlo por contrabando de vehículos. También le quitaron 5,000 dólares, todos los ahorros de la familia, para lo que llamaron una multa antes de que León pudiera quedar libre.
Sin automóvil y sin dinero, Coria, León, Naomi y Carlos se sentaron a las afueras de la aduana, rodeados de sus posesiones restantes: 100 kilos de ropa, herramientas, utensilios de cocina, un televisor, un refrigerador y los juguetes de los niños.
“Perdimos todo”, recordó Coria entre sollozos. “Con tanto esfuerzo que nosotros estuvimos trabajando allá para que en un ratito nos quitaran todo. Nos fuimos sin nada y regresamos peor”, agregó.
Una portavoz de la Agencia Nacional de Aduanas de México no quiso comentar sobre los detalles del caso Coria. En un correo electrónico a Reuters, afirmó que su oficina “actúa con estricto apego al marco jurídico que rige el ingreso y salida de mercancías, así como el control aduanero aplicable a personas y vehículos que cruzan puntos de entrada al territorio nacional”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo a periodistas este mes que su Gobierno está fortaleciendo su programa “México te Abraza” para recibir a los migrantes mexicanos que regresan voluntariamente de Estados Unidos para garantizar que “no sean sujetos a ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de migración cuando entren a nuestro país”.
El programa ofrece un apoyo en efectivo de 100 dólares, colocación laboral, transporte gratuito a sus lugares de origen y facilidades para importar bienes, pero la familia regresó antes de que estuviera vigente.
Al ponerse el sol, el aire seco del desierto se volvió frío. La familia se preguntaba dónde pasaría la noche y cómo llegaría a Michoacán, a unos 2,000 kilómetros de distancia. Por suerte para ellos, los divisó Francisco Olachea, un enfermero de Voices from the Border, una organización humanitaria que trabaja en ambos lados de la frontera.
Olachea recuerda haberse acercado a la familia que lloraba a las afueras de la aduana y haberles ofrecido ayuda. Cargaron sus pertenencias en la ambulancia de la ONG y en una camioneta alquilada, pagada por Olachea y otra ONG, Salvavision.
Esa noche, Olachea los llevó a Ministerios NANA, una organización cristiana en la ciudad fronteriza Nogales. Les ofrecieron agua, fruta, café y pozole, un caldo tradicional mexicano hecho con granos de maíz, carne y verduras. Los cuatro pasaron la noche en una pequeña habitación.
Juntos, Voices from the Border y Salvavision recaudaron poco más de 1,000 dólares para comprar los boletos de autobús de la familia a Michoacán y enviar algunas pertenencias a casa de la madre de Coria en bolsas negras de basura. Lo que no pudieron enviar fue donado a la iglesia donde pasaron la noche.
El 20 de enero la familia regresó a Uruapan.
Los cuatro compartían una pequeña habitación sin puertas en la casa con techo de lámina de la madre de Coria. Dormían en el suelo y los niños compartían una cama sin colchón. Más tarde, se mudaron a una habitación aún más pequeña en casa de una tía.
León finalmente encontró trabajo en un taller mecánico. Coria atiende en un restaurante de comida china. Los niños se quejan por irse de Estados Unidos. Carlos pide su bicicleta; Naomi está olvidando su inglés.
En junio, a través de una carta de 62 páginas a la que Reuters tuvo acceso, la aduana les informó que su camioneta había sido incautada y se había convertido en propiedad del fisco federal. Además, les notificaron que debían el equivalente a 18,000 dólares en derechos de aduana por traer la F-150 a México.
(Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Ted Hesson en Washington DC y Kristina Cooke en San Francisco; Editado por Stephen Eisenhammer y Suzanne Goldenberg)
