Por Daphne Psaledakis y Humeyra Pamuk
WASHINGTON, 12 ago (Reuters) – El Gobierno del presidente Donald Trump ha cambiado de manera significativa un informe clave de Estados Unidos sobre los derechos humanos en todo el mundo, suavizando drásticamente críticas a algunos países que han sido socios fuertes del presidente republicano, como El Salvador e Israel.
Ambos son países que, según grupos de derechos, tienen un sólido historial de abusos contra los derechos humanos.
En cambio, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su muy esperado informe sobre Derechos Humanos 2024, dio la voz de alarma sobre la erosión de la libertad de expresión en Europa e intensificó las críticas a Brasil y Sudáfrica, países con los que Washington se ha enfrentado por una serie de cuestiones.
Las críticas a los gobiernos por su tratamiento de los derechos LGBTQI, que aparecían en las ediciones del informe de la administración Biden, parecen haberse omitido en gran medida. Washington se refirió a la invasión rusa de Ucrania principalmente como la “guerra Rusia-Ucrania”.
La sección del informe sobre Israel era mucho más breve que la edición del año pasado y no contenía ninguna mención a la grave crisis humanitaria ni al número de muertos en Gaza. Unas 61.000 personas han muerto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, como consecuencia de las operaciones militares de Israel en respuesta a un ataque del grupo militante palestino Hamás en octubre de 2023.
El informe se retrasó durante meses, ya que los designados por Trump alteraron drásticamente un borrador anterior del Departamento de Estado para alinearlo con los valores de “America First”, según funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato.
El informe introdujo nuevas categorías como “Vida” y “Libertad”, y “Seguridad de la persona.”
“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos”, decía el informe 2024 sobre El Salvador, en agudo contraste con el informe 2023 que hablaba de “problemas significativos de derechos humanos” y los enumeraba como informes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios, tortura y condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales.
Los lazos bilaterales de Washington con El Salvador se han fortalecido desde que Trump asumió el cargo, ya que el Gobierno ha deportado a personas a El Salvador con la ayuda del presidente Nayib Bukele, cuyo país recibe 6 millones de dólares de Estados Unidos para alojar a los migrantes en una megacárcel de alta seguridad.
El Gobierno de Trump se ha alejado de la tradicional promoción estadounidense de la democracia y los derechos humanos, por considerarla una injerencia en los asuntos de otro país, aunque criticó a países de manera selectiva, en consonancia con su política más amplia hacia un país en particular.
Un ejemplo es Europa, donde los funcionarios de Trump intervinieron repetidamente en la política europea para denunciar lo que consideran una represión de los líderes de derechas, incluso en Rumanía, Alemania y Francia, y acusaron a las autoridades europeas de censurar opiniones como las críticas a la inmigración.
Durante décadas, el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, encargado por el Congreso, se ha utilizado como modelo de referencia para la defensa de los derechos en todo el mundo.
El informe de este año se elaboró tras una importante remodelación del departamento, que incluyó el despido de cientos de personas, muchas de ellas de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de la agencia encargada de redactar el informe.
El secretario de Estado Marco Rubio escribió en abril un artículo de opinión en el que afirmaba que la oficina se había convertido en una plataforma para “activistas de izquierdas”, y dijo que la administración Trump reorientaría la oficina para centrarse en los “valores occidentales”.
EVALUACIONES DIVERGENTES
En Brasil, donde el Gobierno de Trump ha chocado con el gobierno, el Departamento de Estado encontró que la situación de los derechos humanos disminuyó, después de que el informe de 2023 no encontró cambios significativos.
El informe de este año apuntó a los tribunales, afirmando que tomaron medidas que socavan la libertad de expresión y reprimen desproporcionadamente el discurso de los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, entre otros.
Bolsonaro está siendo juzgado ante el Tribunal Supremo acusado de conspirar con aliados para anular violentamente su derrota electoral de 2022 frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Trump se ha referido al caso como una “caza de brujas” y lo ha calificado de motivo para imponer un arancel del 50% a los productos brasileños.
En Sudáfrica, a cuyo gobierno la administración Trump ha acusado de discriminación racial hacia los afrikáners, el informe de este año afirmaba que la situación de los derechos humanos había empeorado significativamente. Afirmaba que “Sudáfrica dio un paso sustancialmente preocupante hacia la expropiación de tierras de los afrikaners y nuevos abusos contra las minorías raciales del país”.
En el informe del año pasado, el Departamento de Estado no encontró cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Sudáfrica.
Trump, a principios de este año, emitió una orden ejecutiva que pedía a Estados Unidos que reasentara a los afrikáners, describiéndolos como víctimas de “violencia contra terratenientes racialmente desfavorecidos”, acusaciones que se hacían eco de las afirmaciones de la extrema derecha, pero que han sido rebatidas por el gobierno de Sudáfrica.
(Reportaje de Humeyra Pamuk y Daphne Psaledakis. Edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)
