Por Luis Jaime Acosta y Carlos Vargas
BOGOTÁ, 19 ago (Reuters) – Un tribunal revocó el martes la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe como parte de una condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al tiempo que ordenó su inmediata libertad hasta que se defina su caso en segunda instancia.
La juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a Uribe a comienzos de agosto a 12 años de prisión en medio de un proceso por manipulación de testigos convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano, pero la defensa del político apeló el fallo argumentando errores de hecho y de derecho, “apreciaciones notoriamente sesgadas” y “vicios insubsanables”.
La defensa también interpuso un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitando su libertad.
“Amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”, dijo la parte resolutiva del fallo del tribunal que también dejó sin efecto la detención domiciliaria y ordenó su inmediata libertad hasta que se defina su situación jurídica con la resolución del recurso de apelación.
Uribe, de 73 años y quien gobernó a Colombia por dos periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, se declaró inocente durante el juicio y en la apelación ante el tribunal calificó como un “fallo político” la decisión en primera instancia de la juez Heredia.
El mismo tribunal revisa actualmente la sentencia de 12 años contra el expresidente y deberá tomar una decisión en las próximas semanas.
La condena se produjo a menos de un año de las elecciones presidenciales del 2026, en las que varios de los aliados y protegidos de Uribe competirán por el cargo más importante del país.
DECISIÓN JUDICIAL EN LARGO PROCESO
El fallo del tribunal es la más reciente decisión en un largo proceso por manipulación de testigos profundamente polarizado de casi 13 años, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden justicia.
La justicia de Colombia rechazó previamente dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en el 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero del 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso, recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares.
En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que obligó a la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Uribe, quien fundó el partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno de Petro, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en el 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía argumentando que la corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)
